Fuentes parlamentarias indicaron a Servimedia que el primer paso de esta comisión, creada formalmente este miércoles, será definir sus líneas de trabajo, la solicitud de documentación y plantear posibles nuevos comparecientes.

Esta comisión del Senado sobre presuntas prácticas corruptas en la SEPI se sumará a la del ‘caso Koldo’, que desde hace meses trabaja para determinar las diversas ramas de las actuaciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y otras personas vinculadas de alguna forma con los anteriores, como Santos Cerdán.

Este miércoles se constituyó formalmente la ‘comisión de la SEPI’ con la elección de su Mesa, que presidirá la senadora del PP Ana Beltrán, mientras que este partido tendrá también la vicepresidencia primera, para Miriam García, y la secretaría primera, para Raquel González. Por su parte, el PSOE ostentará la vicepresidencia segunda, con José Manuel Franco, y la secretaría segunda, con Inmaculada Sánchez.

“LOS TRES”

El ‘caso SEPI’ estalló formalmente el pasado 10 de diciembre, cuando la Guardia Civil detuvo a tres personas por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Los arrestados fueron la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Garrido y el empresario vasco Joseba Antxon Alonso, titular de Servinabar.

La operación la ejecutó la Unidad Central Operativa (UCO) en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes adelantaron los arrestos al percatarse de que Fernández había detectado un dispositivo de seguimiento cuando acudía a reunirse con Díez en un centro comercial de Madrid, lo que hizo temer la destrucción de material probatorio.

​Los tres quedaron en libertad provisional con comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar España. El juez Antonio Piña les atribuyó indicios de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La causa pasó después al juez Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El grupo utilizaba el nombre en clave ‘Hirurok’ –‘los tres’ en euskera-, tomado del chat de WhatsApp que compartían. Según las primeras resoluciones judiciales de esta causa, los investigados habrían percibido entre 2021 y 2023 más de 750.000 euros en comisiones por orientar expedientes públicos valiéndose de sus contactos y su capacidad de influencia sobre distintos cargos de la Administración.

CINCO OPERACIONES SOSPECHOSAS

Las comisiones presuntamente se canalizaron a través de Mediaciones Martínez, sociedad utilizada presuntamente como pantalla para la facturación de los pagos ilícitos. Los fondos obtenidos se destinaron, según los investigadores, a inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), consideradas patrimonio común de los tres implicados.

​La UCO rastrea cinco operaciones sospechosas que suman 132,9 millones de euros en fondos públicos. La principal es el rescate de 112,8 millones concedido por la SEPI a Tubos Reunidos en 2021, con cargo al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia. La comisión cobrada habría ascendido a 114.950 euros.

La segunda operación afecta a Sepides, filial de la SEPI, que otorgó 17,3 millones a Arapellet, del grupo Forestalia, a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP). Los investigadores sostienen que se pactó un pago de 200.000 euros a favor de la trama como contrapartida por facilitar la concesión de esa ayuda.

Un tercer expediente se refiere a un contrato de 2,8 millones adjudicado por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). La red habría presionado al presidente de la mesa de contratación para favorecer a la UTE formada por Construcciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente, percibiendo 400.000 euros mediante esquemas diseñados para ocultar el origen de los fondos.

Las dos operaciones restantes son de menor cuantía. La primera, un contrato de 18.120 euros adjudicado por Mercasa a Servinabar tras elaborar un informe técnico que sobrevaloró el coste de las obras de rehabilitación de su sede central. La segunda, la contratación del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes por Enusa, con sobrecostes estimados del 50%.