Este texto, promovido desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, moderniza y unifica en una sola norma las leyes de Economía Social, Empresas de Inserción y Cooperativas.

Esta norma llevaba algún tiempo atascada en el Congreso, ya que el plazo para ampliar enmiendas se amplió en varias ocasiones y se extendió desde noviembre de 2024 hasta junio de este año. Además, Vox presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada.

A comienzos de la semana pasada, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó en Bruselas su “satisfacción” ante esta normativa y manifestó su intención de que se apruebe “lo antes posible” en el Congreso, sobre todo después de que se conociera que Sumar y ERC habían pactado en la reunión de ponencia impulsar los negocios presentes en la España rural.

Díaz defendió que la economía social, que supone un 10% del PIB, “es especialmente inclusiva, solidaria, y que ancla población en los territorios más próximos”.

En su exposición de motivos, el texto del proyecto de ley detalla que sus objetivos se alinean con Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que entiende esta como un concepto que va más allá de la creación de puestos de trabajo, sino que también busca incrementar el impacto social de sus organizaciones.

En lo que respecta a las cooperativas, la futura norma se centrará en potenciar su papel tractor en el sector de la Economía Social y prevé la creación de una Comisión de Igualdad para garantizar la conformación y ejecución de los planes de igualdad cooperativos. También se encargará de garantizar el ejercicio de los derechos digitales y la participación telemática de las personas socias.

La segunda pata de esta ley es la adaptación de las empresas de inserción a las nuevas circunstancias económicas y sociales, para sentar las bases comunes para su desarrollo en todo el país, lo que requerirá adecuar la normativa estatal.

Por ejemplo, se revisarán los perfiles de las personas que pueden ser contratadas por las empresas de inserción y se tendrán en cuenta nuevos factores de exclusión adaptados a la actual coyuntura económica, social y laboral.

También se incluye una regulación más detallada de los requisitos de las entidades promotoras de las empresas de inserción y se introducen elementos de flexibilidad normativa para dar estabilidad a las empresas de inserción, como consta en la exposición de motivos.

En tercer lugar, se actualizará la norma para adaptar las entidades de la economía social a las nuevas circunstancias socioeconómicas. Esto implicará clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran la Economía Social para que se puedan incorporar a nuevas fórmulas asociativas.

Otra de las novedades que incluirá la futura Ley de Economía Social es el aumento del porcentaje de reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social, que pasará del 10% al 15%, en cumplimiento con distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Supremo.

“MUCHÍSIMO TIEMPO TRABAJANDO”

La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, comentó a principios de noviembre, durante el diálogo '25 años impulsando la economía social', organizado por Servimedia, que el texto de la ley llevaba “muchísimo tiempo” trabajándose.

Además, apuntó que se han presentado distintas enmiendas que harán “una ley bastante sólida”. En concreto, el texto ha recibido 194 enmiendas de los grupos parlamentarios.

Entre ellas, el PP propuso añadir un nuevo párrafo a la disposición adicional tercera para reconocer a la ONCE como “una organización singular de Economía Social y una entidad singular del Tercer Sector de Acción Social”, además de colaboradora con la Administración General del Estado (AGE).

En su justificación, el PP expresó la necesidad de que esta disposición adicional tercera “plasme y recoja expresamente esta perspectiva de la ONCE”.

Por su parte, UPN presentó dos enmiendas a este respecto. En una de ellas, introdujo un párrafo en la disposición adicional cuarta para reconocer a la ONCE como una organización singular de Economía Social y una entidad singular del Tercer Sector de Acción Social, similar al presentado por el PP.

La segunda enmienda de UPN propuso una disposición adicional sobre subvenciones a la creación y al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en el seno de la ONCE.

Coalición Canaria también presentó una enmienda para reconocer el papel de la ONCE como organización singular de Economía Social y una entidad singular del Tercer Sector de Acción Social y otra para introducir una nueva disposición adicional sobre subvenciones a la creación y al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en el seno de la ONCE.