En un informe de 26 páginas, este órgano consultivo del Consejo de Europa cuyo dictamen no es vinculante, afirma en las conclusiones que la proposición de ley de amnistía ha provocado una “división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España” por lo que anima “a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo, en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr objetivos sociales y la reconciliación política, y considerar la posibilidad de explorar procedimientos de justicia restaurativa”.

Específicamente, sobre el marco temporal de la proposición de “ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña”, la Comisión recomienda “definir el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía de una manera más precisa, de modo que los efectos de la ley sean más previsibles”.

También recomienda “garantizar que se establezca un vínculo causal más estrecho" entre “las consultas celebradas en Cataluña los días 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias” y los "actos de malversación y corrupción", y “eliminar el criterio de la etapa del procedimiento para la exclusión de delitos de terrorismo”.

En otro de los puntos de las conclusiones, la Comisión de Venecia observa que la proposición de ley de amnistía ha sido presentado en forma de propuesta legislativa, que es un procedimiento con “consulta limitada” al público, a las partes interesadas y a otras instituciones estatales, dice.

En concreto, la Comisión de Venecia afirma que "no ha evaluado la compatibilidad" de la propuesta "con el derecho de la Unión Europea" así como que " no es competente para comentar la constitucionalidad" de la proposición, que es "competencia de los españoles" y que, finalmente, será el Tribunal Constitucional español el que determine el ajuste de la ley con la Carta Magna.