Así lo decidió este órgano, dependiente del Consejo de Europa, en el informe que ha aprobado, durante su 138 sesión plenaria, sobre la amnistía para independentistas catalanes.

A través de un comunicado difundido este viernes, la Comisión de Venecia anticipa el contenido de su dictamen, cuyo contenido íntegro se dará a conocer este próximo lunes.

Como anticipo, se indica que ha analizado la proposición de ley de amnistía a la luz de las normas europeas e internacionales y del material comparativo. Se advierte de que no se ha valorado la conveniencia de la iniciativa ni su idoneidad para alcanzar el objetivo declarado, ya que se entiende que son decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y las Cortes españolas.

Tampoco se ha examinado la constitucionalidad de la amnistía. No obstante, se alude a que esta medida de gracia se ha planteado mediante "un procedimiento con consulta limitada al público, a las partes interesadas y a otras instituciones del Estado, y que ha seguido un procedimiento de urgencia".

Asimismo, se señala que esta iniciativa legal "ha profundizado una profunda y virulenta división en la clase política, las instituciones, el poder judicial, la academia y la sociedad española". Por este motivo, se anima a los partidos a tomarse el "tiempo necesario", ya que, de adoptarse, la amnistía debería aprobarse "en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política".

REQUISITOS DE LAS AMNISTÍAS

A juicio de la Comisión de Venecia, las amnistías deben cumplir varios requisitos del Estado de derecho, entre ellos la legalidad y la supremacía de la ley, lo que supone, preferiblemente, la aprobación por el Parlamento con una mayoría suficientemente amplia y, en todos los casos, el cumplimiento de la Constitución.

También debe tener en cuenta el respeto del derecho internacional, en particular las normas de derechos humanos; la seguridad jurídica, es decir, la claridad, la determinación, la accesibilidad y la previsibilidad de las disposiciones; la igualdad ante la ley; independencia del poder judicial y separación de poderes.

Por lo general, las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política. Sin embargo, estos objetivos legítimos deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes para no frustrar su propósito: deben inspirarse en la inclusión, la participación, un calendario adecuado y debates públicos.

La Comisión de Venecia analizó las disposiciones pertinentes del proyecto de ley de amnistía en su versión del 13 de noviembre de 2023. También tuvo en cuenta, en cierta medida, las enmiendas aprobadas por el Congreso de los Diputados el 14 de marzo de 2024.