En febrero del año 2016, estando ya abierta una investigación judicial, se iniciaron los trámites para la creación de una comisión de investigación en la Junta General del Principado de Asturias sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gitpa.

La recurrente en amparo fue llamada a comparecer ante la citada Comisión que centró buena parte de su investigación en hechos que podían ser constitutivos de delito, sin obtener, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones, el amparo de la mesa de Comisión.

Las conclusiones de la Comisión, aprobadas por la Junta General del Principado de Asturias, imputaron a la recurrente hechos que revisten carácter delictivo. El TC entiende que que esta forma de actuar constituye toda una declaración de culpabilidad que recae sobre una persona individualizada con nombre y apellidos y que ha sido efectuada por el órgano dotado de máxima autoridad dentro del Principado de Asturias, su Junta General, y la considera lesiva del derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento.

La sentencia explica que toda actividad indagatoria para determinar si determinadas conductas constituyen infracciones penales o administrativas y la atribución de los hechos a una persona concreta excedería de las competencias legal y constitucionalmente atribuidas a una comisión parlamentaria de investigación.

La sentencia señala que “a las Cámaras, en el ejercicio de su actividad investigadora, ni les corresponde efectuar una calificación jurídica de los hechos investigados, ni llevar a cabo imputaciones o determinaciones personales sobre la autoría de comportamientos ilícitos. Aquella calificación y estas imputaciones o determinaciones, en definitiva, la atribución de comportamientos ilícitos merecedores de pena o sanción, están reservadas en nuestro ordenamiento a los órganos que tienen encomendado el ejercicio del ius puniendi del Estado, que puede manifestarse de manera constitucionalmente legítima tanto a través del derecho penal como del derecho administrativo sancionador”.

Con esta resolución el Pleno del Tribunal Constitucional avanza en la configuración constitucional del derecho a la presunción de inocencia, afirmando que, como regla de tratamiento, tal derecho impide a los poderes públicos tener por culpable a quien no ha sido declarado así tras un previo juicio justo.

El derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento, dice el TC, vincula a todos los poderes públicos y, en consecuencia, a las Asambleas legislativas y las comisiones de investigación parlamentarias.