Así lo indicó el presidente del grupo de expertos, Jesús Ruiz-Huerta, durante la rueda de prensa de presentación del ‘Libro Blanco’ para la reforma fiscal entregado al Ministerio de Hacienda como propuesta base sobre la que acometer una futura reforma del sistema fiscal. El presidente del grupo de expertos, resaltó al inicio de su intervención el “proceso de negociación intenso” para elaborar un “documento de consenso”, de forma que el comité ha optado “por propuestas que son más viables y reflejan mejor que otras alternativas las preferencias comunes”.

Durante su exposición del contenido del documento, Ruiz-Huerta, catedrático emérito de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos I, apuntó que los datos evidencian un “aumento de la desigualdad y de la concentración” de la riqueza, por lo que tiene “todo el sentido aplicar impuestos sobre la riqueza”.

Sobre esta tributación de la riqueza, el comité de expertos aboga por mantener los Impuestos al Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, así como el límite conjunto entre el IRPF y el de Patrimonio, aunque también recomienda elevar los mínimos exentos, aumentar la base imponible y suavizar la escala de estos gravámenes.

Sin embargo, según Ruiz-Huerta la “cuestión más polémica” en torno a estos impuestos es la armonización entre comunidades autónomas, ya que actualmente estos tributos pueden generar deslocalizaciones y “un problema de competencia a la baja” de la misma forma, apuntó, que ocurre a nivel europeo e internacional con el Impuesto de Sociedades.

Así, el grupo de expertos, considera que hay que garantizar un equilibrio entre el reparto de las competencias normativas y la autonomía tributaria. En este sentido, Ruiz-Huerta afirmó que “la deriva de los últimos años” respecto a estos impuestos es de una “competencia a la baja” que ha dado lugar a que “estamos vaciando de contenido estos tributos que tienen una gran importancia”.

Por ello, el comité de expertos considera que “tiene todo el sentido”, con el objetivo de evitar dicho vaciamiento de los impuestos, “estudiar el establecimiento de límites mínimos de gravamen efectivo”, permitiendo a las comunidades autónomas mantener sus competencias normativas dentro de ese margen limitado por dicho tipo mínimo.