El crecimiento del comercio internacional y de las inversiones extranjeras en los países en desarrollo han provocado la necesidad de observar de cerca las actuaciones de las compañías en temas como la situación laboral, medioambiental y de derechos humanos.

Sin embargo, existe una controversia sobre el papel que el propio Gobierno estadounidense está desempeñando en este sentido. La mayoría de las personas consultadas por la GAO coinciden en señalar que el Gobierno podría jugar un papel mucho más útil ayudando a las compañías estadounidenses a actuar de manera responsable, y estableciendo medios de comprobación de las buenas prácticas.

Las compañías que tienen una perspectiva de economía de libre mercado consideran que lo primero que debe contemplar una empresa son los beneficios económicos y que el Gobierno debería mantenerse al margen si su incumbencia con la RSC recorta sus ganancias.

Sin embargo, otros grupos consideran que las empresas deberían contribuir a alcanzar objetivos sociales, aunque dudan de si las actuaciones de la compañías deberían ser voluntarias u obligadas.

El informe destaca que, a pesar de no existir un mandato federal específico en RSC, el Gobierno dispone de unos 50 programas, políticas y actividades para promover esta materia. El principal problema se centra en la falta de presupuesto y personal para desarrollarlos adecuadamente.