Correos es la compañía designada por Ley para prestar el SPU, es decir, el conjunto de servicios postales que deben garantizarse de forma permanente en todo el territorio nacional, con determinados estándares de calidad y a precios asequibles para todos los usuarios.

Correos recibe una compensación por la “carga financiera injusta” que le supone cumplir con estas obligaciones de servicio público. El SPU incluye los envíos nacionales y transfronterizos (ordinarios y certificados) de cartas, tarjetas postales (hasta dos kilos) y paquetes postales (hasta 20 kilos).

Las notificaciones administrativas y judiciales, en cambio, no están incluidas en el SPU. Son envíos de correspondencia de hasta dos kilos de peso, con hasta dos intentos de entrega en el domicilio bajo firma, gestión de entrega y prueba como garantía de recepción.

Según el ‘Informe Anual del Sector Postal 2023’, las notificaciones representaron el 6,2% de los envíos y el 32,2% de los ingresos del sector postal tradicional (cartas, postales, cartas certificadas y notificaciones). Este segmento sumó 1.341,4 millones de envíos y facturó 1.097,7 millones de euros en 2023.

El sistema de contabilidad de costes de Correos del ejercicio 2023 cumple con la Ley Postal y la Orden FOM/2447/2004, excepto en los cálculos sobre la notificación administrativa.

El operador ha cumplido el requerimiento de la CNMC de presentar informes técnicos extracontables sobre el servicio de notificación administrativa de todos los ejercicios desde 2014 hasta 2023.

También se ha comprometido a remitir los resultados de la contabilidad del ejercicio 2024 distinguiendo los servicios de notificación administrativa de los de carta certificada. Además, deberá presentar los resultados desde 2016 debidamente corregidos.

Finalmente, la CNMC ha requerido a Correos que en los próximos ejercicios corrija otros aspectos, sin impacto material, y que implemente las mejoras descritas en la resolución.