Así se recoge en el informe sobre el proyecto de real decreto de fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas, emitido a petición del departamento dirigido por Yolanda Díaz.

La norma pretende establecer un marco de fomento y promoción para estas entidades y para las operaciones de financiación que se alineen con objetivos medioambientales y sociales. Entre las medidas previstas figuran subvenciones públicas y acciones de difusión para impulsar su actividad y mejorar su visibilidad que, a criterio de la CNMC, deben examinarse con “cautela”, valorando su adecuación a la normativa de ayudas de Estado.

Tras analizar el proyecto normativo, desde la óptica de los principios de promoción de la competencia y buena regulación, la CNMC plantea definir, con mayor precisión, qué se entiende por entidades de finanzas éticas y justificar adecuadamente la necesidad y proporcionalidad de los requisitos impuestos. “Una delimitación insuficiente podría generar inseguridad jurídica o imponer restricciones injustificadas en el acceso a las medidas de apoyo, impulso y fomento previstas”, avisó.

También aconseja establecer indicadores claros, parámetros verificables y procedimientos de acreditación para evaluar de manera objetiva y homogénea el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades y proyectos beneficiarios. También recomienda justificar los umbrales de territorialidad y los efectos positivos esperados de los umbrales previstos.

Igualmente, plantea realizar una inclusión que especifique expresamente que las subvenciones mencionadas son susceptibles de ser consideradas ayudas de Estado, por lo que deberán cumplir la normativa europea aplicable. Además, sugiere incorporar criterios objetivos para valorar el impacto social y medioambiental de los proyectos que aspiren a recibir estos apoyos.