Así consta en un escrito presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, con el que la UCM ejerce las acciones civiles que le corresponden como organismo público en calidad de posible perjudicada por lo relativo a la cátedra en la que tomó parte la esposa de Pedro Sánchez.

El documento, basado en cinco informes de la entidad educativa y al que ha tenido acceso Servimedia, lleva por encabezamiento "Aportación informes UCM en relación a posibles daños y perjuicios derivados de una presunta apropiación indebida del software desarrollado en el ámbito de la Cátedra de Transformación Social Competitiva".

En este sentido, se explica que los 113.509,32 euros proceden de dos conceptos principales: las cantidades de dinero público aplicadas al desarrollo del software y el coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la universidad.

En concreto, la universidad madrileña destinó 108.765,79 euros para el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva (TSC) en el ámbito de la contratación. Esto incluye apartados como los 60.500 euros que se emplearon para "Servicios profesionales como PMO (Project Management Office) de la implementación de la Plataforma Transforma TSC". Otra partida relevante son los 24.200 euros para el epígrafe "Desarrollo backend Plataforma Impacto Social: gobierno de datos, estructura de tablas, configuración de los 'end points', de gestión de accesos con seguridad, implementación en entorno de producción y apoyo en pruebas funcionales".

CINCO INFORMES

Asimismo, se destinaron 4.743,53 euros a costear la dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la Universidad que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación del software.

La UCM añade en el escrito que está interesada en ejercer las acciones civiles derivadas de delito, en su condición de entidad pública, si del procedimiento resulta responsabilidad penal y civil, según recoge el escrito presentado ante el Juzgado.

En el objeto de la presente causa se investiga, según consta en la instrucción, "el presunto delito de apropiación indebida en relación al software desarrollado para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva de la UCM", cuyo desarrollo se habría sufragado con dinero de esta universidad madrileña.

Para acreditar y justificar los importes señalados, este centro educativo acompañó al escrito cinco informes: de la Intervención, de la Vicegerencia de Contratación Administrativa, de la Escuela de Gobierno, de los Servicios Informáticos y de la Secretaría General en su condición de Jefa de los Servicios Jurídicos.