El parlamentario valenciano hizo esta reclamación como consecuencia de las presuntas amenazas que sufrió el pasado mes de julio de manos de un trabajador de una de estas compañías, durante una movilización para parar un desalojo.

Unos hechos por los que tenía señalado un juicio para este martes, el cual finalmente no se celebró, aunque sí que quiso denunciar a dichas empresas, a las que denominó como "chiringuitos ultras".

Y lo hizo, dijo, para "pedir auxilio", porque "son matones peligrosos". "Es un hecho muy grave que violenten y agredan a un alto cargo elegido democráticamente”, criticó para añadir que "si esa agresión se hubiese cometido hacia un representante de derechas o se hubiera realizado por parte de un manifestante propalestino o de izquierdas, la propia Policía hubiese reaccionado".

Pero fue más allá al señalar que no compartía "la pasividad de las Fuerzas de Seguridad ni de la Fiscalía que ejercen hacia el acoso inmobiliario que cientos de familias vulnerables viven en nuestro país".

"No tiene ningún sentido que se permita a empresas privadas realizar la usurpación de funciones que son completa y exclusivamente públicas", recordando que "el proceso de lanzamiento lo tienen que hacer los jueces y no los matones".

Por ello, instó a que se "ilegalicen este tipo de empresas como organizaciones criminales. No hace falta aprobar ninguna ley, no hace falta más que la Audiencia Nacional actúe". Y sentenció: "Si fuesen titiriteros, seguramente ya estarían detenidos y probablemente pasarían varias semanas en la cárcel".