Según informaron fuentes del Gobierno regional, la ciudad de Madrid se sitúa a la cabeza del ranking nacional, con un total de 46 infraestructuras (35 en funcionamiento y 11 en construcción) y el 54,8% del total de la capacidad instalada en España, por delante de Aragón (30%) y Cataluña (12%).

Por ello, tras un análisis del texto propuesto realizado por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, el Ejecutivo alerta de los riesgos que puede suponer para el futuro de esta industria estratégica la entrada en vigor del nuevo marco normativo.

Tal y como indican las observaciones remitidas por parte del Gobierno autonómico, el proyecto de real decreto va más allá de lo exigido por la Unión Europea en su Directiva (UE 2023/1791) y el Reglamento Delegado (UE 2024/1364), ampliando la lista de indicadores obligatorios a cuestiones socioeconómicas, territoriales o de tráfico de datos.

Uno de los puntos que se señalaron está en el artículo 7, que condiciona el acceso y conexión de los CPD a la red eléctrica al cumplimiento previo de unos compromisos ambientales. Estos requisitos, que para el Ejecutivo autonómico son “desproporcionados”, situarían a la Comunidad de Madrid en “clara desventaja” frente a otros destinos europeos más “ágiles” y con “menos imposiciones burocráticas”.

Asimismo, la disposición transitoria única extendería estas exigencias a proyectos ya en tramitación, lo que podría vulnerar la Constitución en materia de retroactividad y seguridad jurídica.

EFICIENCIA COMO EJE

La Comunidad de Madrid defendió que la eficiencia energética debe seguir siendo un “eje prioritario”, pero no con normas que “ahuyenten proyectos y frenen la inversión e innovación”. En este sentido, el sector de los centros de procesamiento de datos es fundamental para la economía digital y la transición energética, ya que aporta flexibilidad a la red y puede integrarse con renovables y almacenamiento.

Según estimaciones de esta industria estratégica, España podría atraer más de 58.000 millones de euros de inversión hasta 2030, de los cuales, una parte muy significativa se concentraría en la Comunidad de Madrid. Una regulación “excesivamente rígida” podría reducir esa cifra a apenas 12.500 millones, con un fuerte impacto negativo en el empleo, la innovación y el liderazgo tecnológico de todo el país.