El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, explicó en el Consejo de Gobierno de este miércoles el informe remitido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que hace referencia a las "carencias técnicas, organizativas y presupuestarias" del Real Decreto que "pueden comprometer gravemente su eficacia real y su adecuación a las necesidades reales de la Justicia madrileña".

En primer lugar, el Gobierno regional rechaza el número de plazas asignadas a la Comunidad de Madrid al no ajustarse a la carga real de trabajo que soportan actualmente los órganos judiciales de la región. Además, esgrime que el texto propuesto por el Gobierno central no incluye una referencia expresa al sistema de provisión de las plazas creadas, dejando sin concretar un aspecto esencial para garantizar la independencia judicial y reforzar la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia.

"El número de plazas asignadas en ese real decreto a la Comunidad de Madrid es totalmente insuficiente y no se corresponde con la carga real que tienen los los juzgados en la región. Por tanto, el proyecto se aparta de manera injustificada a lo que pide el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid que hablaba de 142 plazas necesarias solo en este año cuando tan solo se están asignando a la Comunidad de Madrid 69 plazas de jueces", reprochó el consejero en lla rueda de prensa posterior al Consejo.

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico considera "imprescindible que el Real Decreto establezca de forma clara que el acceso se realizará exclusivamente mediante oposición libre, conforme a los principios constitucionales de mérito y capacidad". En ese sentido, el consejero señaló que "ya son demasiadas las veces" las que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "está tratando de meter las manos en el poder judicial, silenciar a aquellos jueces que le son incómodos".

En esa línea, expresó que "ahora lo que pretende es meter por la puerta de atrás a otros jueces que ellos consideran que puedan ser más afines a sus propios intereses".

Por último, el Gobierno autonómico echa en falta una memoria económica suficiente y de una previsión presupuestaria detallada y verificable que asegure la financiación real de las nuevas dotaciones, así como de los costes asociados a su puesta en funcionamiento.

Por todo ello, el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes una modificación sustancial del proyecto de Real Decreto hecho "a la manera Bolaños", para que contemple un mayor número de plazas asignadas a la Comunidad de Madrid, garantice el acceso mediante una oposición libre basada en mérito y capacidad, y cuente con una memoria económica completa que permita asegurar un despliegue real, eficaz y ajustado a las necesidades del sistema judicial.