Esta medida tiene como objetivo reforzar la protección de la salud pública y de los derechos de los consumidores, al garantizar el control oficial de las compañías que desarrollan este tipo de actividad económica, según informó este sábado el Ejecutivo autonómico.

Deberán inscribirse en este registro los establecimientos que venden alimentos y bebidas directamente al consumidor final, así como los locales de restauración, con o sin elaboración, incluidos bares de copas, restaurantes y cafeterías.

También tendrán que figurar los negocios de restauración colectiva, como colegios, comedores de empresa o cocinas hospitalarias. Asimismo, estarán obligados aquellos que utilicen una vivienda para la elaboración y posterior venta de alimentos.

En estos casos, para iniciar la actividad será necesario presentar una declaración responsable, que se complementará con los controles e inspecciones realizados por la Dirección General de Salud Pública.

Quedan excluidos los espacios en los que se preparen y suministren alimentos de manera ocasional, como ocurre, por ejemplo, en celebraciones religiosas, escolares o benéficas.