Así lo señaló la consejera de Familia, Juventud y Política Social Concepción Dancausa, quien aseguró que esta norma “pretende establecer, por la vía de la imposición legislativa, una regulación que afecta a todos los usuarios de los servicios sociales autonómicos”.

En este sentido, el texto del Gobierno aduce una “supuesta desigualdad” entre territorios para asumir unas competencias de asistencia social que la Constitución, en su artículo 148, atribuye específicamente a las comunidades autónomas. “La invasión competencial llega a tal extremo que obliga a la creación de comités de ética a los propios gobiernos autonómicos”, destacó.

Además, el anteproyecto trata de “imponer un modelo ideológico” al establecer un catálogo de servicios públicos que deberán prestarse “con carácter preferente” a través de la gestión directa de los gobiernos regionales.

Una disposición que no solo contraviene las directivas europeas y españolas de contratación, “sino que discrimina la participación y colaboración de las entidades privadas, demostrando un profundo desconocimiento acerca de cómo se presta la asistencia social e ignorando los principios rectores de la Ley del Tercer Sector de Acción Social”, afirmó Dancausa.