El texto lo presentó este lunes el viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social, Luis Martínez-Sicluna, quien explicó que la Amta es un ente dedicado al “apoyo de personas adultas inhabilitadas para el ejercicio de su capacidad jurídica, con el fin de promover su máxima autonomía y calidad de vida”.

Indicó que otra de sus funciones es “favorecer la integración y normalización de las personas a su cargo, que en la actualidad son más de 3.500”. Dijo que la reforma en 2021 de la legislación estatal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica estableció un nuevo paradigma que trata de convertirlas en protagonistas activas de su proyecto vital, respetando su voluntad, deseos y preferencias.

El viceconsejero declaró que este código de buenas prácticas pretende “dar respuestas a algunos de los interrogantes que suscita la aplicación del nuevo modelo, tanto desde la perspectiva jurídica como de la social”.

Desde la óptica social, afirmó, se define el modelo de comportamiento en todas las fases de la intervención: la acogida de la persona, el establecimiento del vínculo con el equipo de profesionales, la mejora en los procesos de información y comunicación, el acompañamiento y el trabajo con la familia.

Además, manifestó que el enfoque jurídico analiza los principales conceptos legales del nuevo marco normativo adentrándose especialmente en los casos de curatela. También se describen en detalle las obligaciones ante situaciones de urgencia, administración provisional o autorizaciones judiciales.

El documento, de más de 180 páginas, busca mejorar de forma continuada la intervención profesional con las personas adultas con discapacidad y con ello, su bienestar y calidad de vida.

Esta iniciativa se encuadra dentro del plan de transformación de la Amta, que concluirá con la creación de la nueva Agencia para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (Amapad), cuyo proyecto de ley se está tramitando actualmente en la Asamblea de Madrid.