El Consejo de Gobierno autorizó este miércoles los convenios con 31 ayuntamientos por un importe conjunto de 37,4 millones de euros. Esta medida permitirá cubrir los gastos de funcionamiento de 96 Escuelas Infantiles y 27 Casas de Niños, así como de diez sedes de Equipos de Atención Temprana y otras diez direcciones de zona de Casas de Niños. La inversión incluye también la Escuela Infantil de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

La Red pública de la Comunidad de Madrid está integrada por 392 centros educativos para menores de hasta 3 años. De ellos, 264 son Escuelas Infantiles, 137 de titularidad autonómica y 127 municipales, y las 128 restantes corresponden a Casas de Niños, 124 de titularidad municipal y cuatro dependientes del Ejecutivo autonómico.

Las familias que escolarizan a sus hijos en el primer ciclo de Educación Infantil de esta red pública se benefician de la gratuidad de la cuota de escolaridad en esta etapa no obligatoria, una medida implantada por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en 2019. Este departamento es también el encargado de establecer las tarifas correspondientes a los servicios complementarios de horario ampliado y comedor escolar para aquellos alumnos que hagan uso de ellos.

Además, la Comunidad de Madrid ha incrementado este año un 9,1% los módulos de financiación destinados a las Escuelas Infantiles y Casas de Niños de titularidad municipal o gestionadas indirectamente por la Administración autonómica.

Gracias a este esfuerzo, estos recursos educativos dispondrán en el curso 2026/27 de un presupuesto de 104,3 millones de euros, lo que supone un aumento acumulado del 57% desde 2019. Asimismo, el Ejecutivo autonómico mantiene su programa de becas para familias con hijos matriculados en centros privados autorizados de Educación Infantil, al que destina cerca de 70 millones de euros anuales.

AYUDAS A UNIVERSITARIOS

Por otro lado, la Comunidad de Madrid destinará seis millones de euros a una línea de ayudas que permitirá financiar los estudios de cerca de 5.500 alumnos de las seis universidades públicas de la región durante el curso 2026/27. Estas becas están dirigidas a estudiantes de grado y máster que atraviesan dificultades económicas y que no han resultado beneficiarios de las convocatorias de ayudas del Ejecutivo central.

El Consejo de Gobierno aprobó la firma de los convenios por los que se conceden estas subvenciones directas. Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid garantiza, desde 2016, la igualdad en el derecho a la educación pública y favorece que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades en el acceso y finalización de los estudios superiores.

La ayuda se distribuye en función del número de matriculados en estudios oficiales, de tal manera que la Universidad de Alcalá recibirá para este próximo curso un total de 577.248 euros; la Autónoma de Madrid 794.778 euros; la Carlos III 556.160 euros; la Universidad Complutense 1.727.925; la Politécnica 1.028.475, y la Rey Juan Carlos, 1.315.414.

Los destinatarios de estas prestaciones serán estudiantes matriculados en alguna de las universidades públicas madrileñas que atraviesen una situación económica desfavorable, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus estudios y evitar que las dificultades financieras supongan un obstáculo para completar su formación académica.

En el caso de los estudios de Grado, la ayuda no podrá superar el importe correspondiente a los precios públicos de una segunda matriculación de curso completo. Para los alumnos de máster, la cuantía máxima será de 2.100 euros. Las solicitudes deberán presentarse a través de las convocatorias que publiquen los respectivos centros en las que los beneficiarios estén cursando sus estudios.

Además de los costes de matrícula, estas ayudas de la Comunidad de Madrid podrán destinarse a cubrir otras necesidades vinculadas a la formación universitaria, como los desplazamientos asociados al Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (Sicue) o a la realización de titulaciones internacionales.

También se contemplan los gastos de alojamiento de los estudiantes que deban residir fuera de su domicilio familiar durante el curso académico; la adquisición de material bibliográfico o técnico, así como servicios de apoyo relacionados con la salud mental y el bienestar personal, entre otros conceptos.