Desde la entrada en vigor de la encomienda, en septiembre de 2025, los gestores administrativos colegiados han asumido la tramitación electrónica de un volumen significativo de expedientes relacionados con el transporte terrestre. En este periodo se han gestionado 540 expedientes de autorizaciones de transporte de mercancías, tanto ligeras como pesadas, que afectan a 1.278 vehículos, así como 156 autorizaciones de representación y 126 autorizaciones de transporte de viajeros correspondientes a 301 vehículos.

Este modelo de colaboración ha permitido situar el tiempo medio de tramitación, de estos primeros expedientes presentados por gestores administrativos colegiados, en torno a los 25 minutos, lo que se traduce en una mejora sustancial de la planificación empresarial y en una reducción de los tiempos improductivos asociados a la gestión administrativa. En la práctica, la simplificación de los trámites y la reducción de los tiempos administrativos permiten a las empresas del sector poner antes en marcha sus vehículos, organizar mejor su actividad y concentrar recursos en la prestación efectiva del servicio, con un impacto positivo directo sobre la productividad y la competitividad.

La encomienda de gestión tiene como finalidad mejorar la forma en que se tramitan los procedimientos relacionados con el transporte terrestre y otros servicios vinculados a la movilidad, como las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. La clave del modelo reside en la intervención de los gestores administrativos como intermediarios cualificados, responsables de recibir las solicitudes, revisar la documentación, garantizar su corrección y remitirla de forma digital y centralizada a la Administración. Este sistema permite que los órganos administrativos concentren sus esfuerzos en el análisis y la resolución de los expedientes, mejorando la calidad del procedimiento y reduciendo incidencias.

Para la Comunidad de Madrid, la colaboración con un colectivo profesional especializado supone un aumento de la eficiencia administrativa sin necesidad de incrementar el gasto público, un avance real en la administración electrónica y una mejora en la calidad del servicio prestado a ciudadanos y empresas. El convenio incorpora, además, mecanismos de garantía y control, como la responsabilidad civil profesional de los gestores administrativos, los controles colegiales y una Comisión de Seguimiento encargada de evaluar periódicamente su funcionamiento.

La experiencia en el ámbito del transporte se suma a otros casos de éxito de colaboración público-profesional ya consolidados con distintos organismos, como la Dirección General de Tráfico o los órganos de gestión tributaria de la Comunidad de Madrid, donde los acuerdos de colaboración han demostrado ser una herramienta eficaz para simplificar trámites, mejorar la atención al ciudadano y reforzar la confianza en la Administración.

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha subrayado que “reducir tiempos y simplificar trámites no es solo una mejora administrativa, es una mejora económica. Cada trámite que se resuelve con agilidad es tiempo que las empresas pueden dedicar a producir, a generar actividad y a crear empleo”.

Santiago Ollero ha destacado también que “la colaboración público-profesional demuestra que se puede modernizar la Administración con garantías, sin aumentar el gasto y poniendo en el centro a ciudadanos y empresas. Cuando la Administración confía en profesionales cualificados, el resultado es una gestión más ágil, más segura y eficiente”.