Se trata de una de las medidas que la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, avanzó en el pasado Debate del Estado de la región, y que “busca modernizar y optimizar la prestación en servicios esenciales, situando al ciudadano en el centro de estas políticas y garantizando la excelencia en la atención que se le presta”.

El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, destacó que, con la futura norma, “se facilitará que los usuarios y sus familias puedan elegir el tipo de servicio, el recurso o la entidad que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades, reforzando la colaboración público-privada”.

Además, esta ley habilitará a la nueva Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales como pieza clave para la supervisión, evaluación y fomento de la excelencia en la atención. Igualmente, actuará con la independencia y autonomía necesarias respecto al resto de los órganos directivos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para una mayor eficiencia en la actividad que realiza, y, en definitiva, para mejorar la asistencia a la ciudadanía.

Estas competencias, que hasta ahora recaen en la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, afectarán a todas las prestaciones de la cartera pública, e incluirán la gestión de los registros oficiales para la inscripción de las entidades del sector, la función inspectora, la valoración del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y su modernización.

Asimismo, se hará cargo del desarrollo de las obras y el mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Consejería. “Aglutinar todas estas gestiones en este nuevo organismo permitirá su ejercicio de una manera más eficaz y eficiente, y con un mayor grado de independencia y autonomía. Además, se crearán y adscribirán a ella los cuerpos de inspectores”, concluyó García Martín.