Según informó el Gobierno regional, la futura sede, que previsiblemente estará terminada en 2027,dará servicio, además de al municipio mostoleño, a Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón. Situado en una parcela de 11.000 metros cuadrados, el complejo alcanzará los 29.400 construidos.

Contará con nueve plantas, donde se alojarán las 25 unidades judiciales repartidas en la actualidad en 4 ubicaciones diferentes. Igualmente, habrá espacio suficiente para desarrollar hasta 7 juzgados adicionales, así como un espacio específico para los servicios de Juzgado de Guardia y una sala para macrocausas con capacidad para 220 personas.

Situado en una parcela de 11.000 metros cuadrados, el complejo alcanzará los 29.400 construidos. Contará con nueve plantas, donde se alojarán las 25 unidades judiciales repartidas en la actualidad en 4 ubicaciones diferentes. Igualmente, habrá espacio suficiente para desarrollar hasta 7 juzgados adicionales, así como un espacio específico para los servicios de Juzgado de Guardia y una sala para macrocausas con capacidad para 220 personas.

A todo ello hay que sumar 32 salas de vistas, dos de las cuales están diseñadas para celebrar juicios con jurado popular, una de bodas, otra amigable para menores, cámaras Gesell y una oficina de asistencia a víctimas del delito. Completan las instalaciones el Decanato, la Forensía, espacios para los Colegios de Abogados y Procuradores, Registro Civil, Servicio Común de Actos de Comunicación, salas de reuniones (internas y para abogados con sus clientes), y de videoconferencia y multiusos.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, presentó hoy la maqueta del futuro edificio a los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con su presidente, Celso Rodríguez, a la cabeza, para que conozcan de primera mano el proyecto y den su conformidad. Igualmente, al acto también ha acudido la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

López señaló que el objetivo de esta inversión es acabar con la “dispersión de edificios judiciales que se produce en Móstoles desde hace décadas”, y ”optimizar , modernizar y mejorar” la Administración de Justicia. “No sólo por la plena accesibilidad al recinto de las personas con discapacidad motora, intelectual o sensorial, sino también en términos de atención a las víctimas”, añadió el consejero.