La consejería de Familia, Juventud y Política Social informó a través de un comunicado de que la decisión afectará a “un total de 83 recursos”, entre residencias de mayores, centros de día, centros para personas con discapacidad intelectual, comedores sociales y centros de protección de menores, “en los que se sirven más de 9.600 menús completos cada día”.

El Gobierno madrileño destacó que el objetivo de aumentar el presupuesto en un 25% es “hacer frente a la fuerte subida del precio de los alimentos registrada en los últimos meses”, ya que “el actual contrato de suministro de alimentos, que entró en vigor en septiembre de 2022, se calculó con los precios de 2021 que ahora es necesario actualizar”.

El Ejecutivo autonómico explicó que está previsto que el nuevo acuerdo entre en vigor en enero de 2024. Hasta entonces, se realizará una prórroga técnica del actual, que vence el próximo mes de septiembre, y se "mantendrán y reforzarán los controles para garantizar que los actuales proveedores cumplen con los estándares de calidad".

Así, el precio de licitación del nuevo contrato ascenderá a “26 millones de euros anuales”, lo supone “más de cinco millones por encima del actual”, que se situaba en “20,8 millones”. El Ejecutivo regional señaló que en la adjudicación primarán criterios relacionados con la calidad de los suministros frente al precio ofertado por los licitadores.

También se ampliarán los controles para la comprobación de la correcta ejecución del suministro por parte de la empresa que resulte adjudicataria del lote de supervisión del contrato, que realizará “al menos una visita semanal a los almacenes de cada proveedor y dos controles analíticos mensuales”. Además, se endurecerán las sanciones por cumplimiento parcial o defectuoso del contrato.

En concreto, el pasado mes de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró que la situación de la residencia Francisco de Vitoria ya se había corregido, después de la sanción que se impuso al proveedor del servicio de alimentación “de 43.000 euros”.

La polémica se produjo después de que la empresa proveedora destinara 4,60 euros por usuario para realizar un menú que incluía todas las comidas del día. A ello se suma la investigación que está realizando la Fiscalía a esta residencia, a raíz de las denuncias de las familias sobre el supuesto mal estado de las instalaciones y la comida.