Así lo avanzó Martín en una rueda de prensa en la que explicó que la resolución que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado es "contraria a la Historia y a la verdad". Explicó además que "el expediente ya ha caducado porque ha pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de la decisión".

La Ley de Memoria Democrática afirma que el expediente para la declaración de un lugar de memoria democrática "se resolverá y notificará en el plazo máximo de doce meses desde la fecha de su incoación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación".

A juicio de Martín "se trata de una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a España desde que es presidente". Acusó además al Gobierno de vincular la sede con "una pequeña parte de su dilatada historia " que "sólo puede responder a un intento sectario de manosear a esta institución".

En su intervención declaró que la resolución del BOE es "contraria a la historia" y se remitió al informe de la Real Academia de la historia, que señalaba que "el edificio con más de 250 años de historia tiene una vinculación evidente con el período de la Ilustración. Sin perjuicio de que quieran declarar lugar de memoria la Dirección General de Seguridad como institución, ya que tuvo muchas sedes tanto en la República como durante el franquismo".

Preguntado por qué parte de la historia cree que contraviene el BOE, se remitió de nuevo al informe y dijo que "los académicos, todos en Pleno por unanimidad, determinaron que este edificio, si hubiera que vincularlo con algún periodo de la historia sería con la ilustración".

FRANCOMODÍN

Martín acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sacar el "Fracomodín" en referencia al dictador Francisco Franco. "Están desesperados, quieren tapar la corrupción que les que les afecta y por tanto van a sacar todas las banderas y todos los lugares comunes precisamente para que no se hable de lo que de verdad preocupa a los españoles que es la corrupción de Estado".

"La Real Casa de Correos es un edificio completamente resignificado y es la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, por tanto la casa común de todos. Defenderemos, por tanto, los intereses de esta institución y los intereses de todos y cada uno de los madrileños", zanjó.

Además del argumento relacionado con la caducidad del expediente, el consejero alegó en la rueda de prensa que hay una "invasión de competencias" porque es se trata de un inmueble "que fue cedido a la Comunidad de Madrid" y que por tanto "solo compete a la legislación autonómica". "Nos compete a nosotros el mantenimiento, la conservación y las decisiones que sobre este edificio se puedan realizar", aseguró. También apuntó que el procedimiento "lesiona los intereses de esta institución".

Con respecto a la postura de Más Madrid favorable a la declaración, afirmó que no le sorprende que Más Madrid "salga al rescate del Gobierno corrupto" haciendo de "pagafantas". En ese sentido, sugirió a los miembros de esta formación y al ministro Torres que "escuchen a los historiadores y a los expertos".