La viceconsejera de Justicia y Víctimas, Yolanda Ibarrola, expuso a la delegación turca las claves del modelo de intervención que la Arrmi aplica en sus seis centros de internamiento. Cinco de ellos se encuentran en la capital (Altamira, El Madroño, El Laurel, Renasco y El Lavadero), mientras que el sexto se ubica en la localidad de Brea de Tajo. A estos recintos hay que sumar otros once recursos adicionales para quienes no requieren privación de libertad.

Destacó que el porcentaje de no reincidencia de las personas a las que un juez envía -de manera cautelar o firme- a estos complejos es superior al 90%. Estos buenos resultados también se extienden al terreno laboral. Así, en 2021, este organismo incrementó un 10% la empleabilidad de este colectivo, al lograr que 315 de los 446 inscritos en sus programas específicos de formación obtuvieran un contrato de trabajo.

Turquía, que ya envió en 2013 a un grupo de jueces a Madrid para conocer el trabajo que realizan los profesionales de El Lavadero, forma parte de la veintena de Estados y organizaciones internacionales que se han interesado por la labor de la Arrmi desde 2011 (hasta un total de 30 delegaciones), con el objetivo de implementar algunas medidas de sus programas.

Destacan los casos de Chile, Francia y Costa Rica. Paralelamente, profesionales del organismo regional han viajado a Paraguay, Uruguay y Colombia para compartir sus experiencias y conocimientos.

También Colombia se interesó en el año 2019 por la herramienta técnica denominada Predicción del Riesgo y Valoración de la intervención (Previ-a), elaborada por 200 profesionales de la citada agencia con el asesoramiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Este recurso permite realizar una evaluación del modelo de intervención con menores y jóvenes infractores articulado por la Comunidad de Madrid.

Además, a comienzos de 2022, el Gobierno de Portugal trasladó al Ejecutivo madrileño su interés en adaptar a su sistema de justicia juvenil el modelo de intervención creado por la Arrmi para los casos de implicados en violencia familiar ascendente (de hijos a padres).