El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su reunión de hoy, conoció la encomienda de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la Abogacía General del ejercicio de las acciones jurisdiccionales.

“Estas se desarrollarán en nombre de la Administración regional en las diligencias previas que se siguen en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº9”, señaló el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

En este sentido, incidió en que la acción popular “se ejerce en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales de violencia contra la mujer abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital”.

Esta personación es una de las medidas previstas en la ley autonómica sobre este tipo de violencia, que extiende su protección a los hijos y personas dependientes. Así, desde 2016, el Ejecutivo autonómico ha aplicado esta facultad en 79 causas.