Así se lo trasladaron a la Plataforma de Afectados por la Ocupación el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en la reunión con representantes de esta asociación.

Según informaron desde la Comunidad de Madrid, durante la reunión los representantes del Ejecutivo autonómico conocieron el testimonio de Itziar, una madre soltera que tiene tres hijos de 7, 15 y 18 años, y no puede disfrutar de un piso en propiedad que tiene ocupado desde hace dos años.

El titular de Vivienda recordó a los afectados que “siempre tendrán a la Comunidad de Madrid de su lado porque la ocupación es un delito y como tal se debe combatir”, reconociendo que “la Administración autonómica es una víctima más porque sufre esta problemática en distintos pisos propiedad de la Agencia de Vivienda Social”.

“Pese a que la AVS cuenta con un sistema de protección y alarma que detecta cualquier intento de ocupación, la normativa actual ampara a los ocupas y nos obliga a iniciar expedientes que se alargan demasiado”, añadió Rodrigo, al mismo tiempo que insistió en “la necesidad de que el Gobierno Estatal actúe cuanto antes contra esta lacra que cada día se cobra más víctimas en España y piense especialmente en los propietarios que han invertido todos los ahorros de una vida en esas viviendas y ahora sufren la impotencia de no poder acceder a ellas”.

Por su parte, el consejero Novillo trasladó toda la información relacionada con el servicio 112 Ocupación de la Comunidad de Madrid, que está integrado en el Centro de Coordinación Municipal (Cecom), dentro de la sede del 112, desde donde facilita el trabajo de las distintas fuerzas policiales que operan en la región, así como su cooperación con los efectivos de emergencias.

“Su utilidad radica en que ofrece una respuesta inmediata a los perjudicados por este delito contra la propiedad privada y unifica en una sola llamada todos los recursos de la Administración autonómica - servicios sociales, actuaciones judiciales y policiales-”, apuntó el responsable de Interior.

El Gobierno regional impulsó este servicio en junio de 2022 y hasta la fecha ha tenido un total de 3.106 llamadas. Desde entonces, 185 ciudadanos madrileños han sido atendidos por este servicio alertando de una ocupación en curso de su propiedad privada y 324 han solicitado ayuda porque el inquilino se había quedado en el domicilio sin pagar el alquiler. Además, en 34 ocasiones los profesionales han podido evitar la ocupación de una vivienda o desalojar la misma, tras recibir una llamada al teléfono del 112 Ocupación e iniciar el procedimiento.