Así se desprende del informe en el que está trabajando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre otras fuentes oficiales, y que persigue conocer en profundidad la situación de los inquilinos en el mercado de la vivienda español.

Según los datos recabados por el Ministerio de Pablo Bustinduy y hechos públicos ayer martes, la brecha entre los caseros y los inquilinos es actualmente de 23.638 euros, al tener los arrendadores una renta mediana de 52.449 euros, por los 28.810 euros que tienen los inquilinos. Pero en algunas comunidades autónomas esa desigualdad es todavía mayor, llegando a ser la renta de los caseros más del doble que la de los inquilinos. Ese es el caso de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias.

Según el análisis de los datos ofrecidos por Consumo, a partir de los datos del Panel de Hogares 2022 (IEF, AEAT, INE) sobre la firma de contratos en 2021 y 2022 que expirarían cinco años después y el aumento de los precios del alquiler en este periodo reflejados en los informes del portal Idealista, en la Comunidad Valenciana la renta mediana de los caseros supera en un 124% la de los inquilinos, con 52.279 euros frente a 23.377 euros.

Tras la región valenciana se sitúa Extremadura, donde la renta de los propietarios es un 117% mayor a la de las personas alquiladas (43.926 euros frente a 20.260 euros). En tercer lugar se encuentra Murcia, donde la renta mediana de los inquilinos es un 114% inferior a la de los caseros (23.702 euros frente a 50.779 euros). Tras estas regiones se sitúan por orden de desigualdad: Castilla-La Mancha (103%), Galicia (99%), Asturias, Cantabria y Canarias (97%). En la media nacional del 82% se sitúa Andalucía, seguida de Madrid (77%) y Aragón (75%).

De renovarse a precio de mercado los contratos que expiran en 2026 y 2027, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de estos caseros hasta los 54.665 euros. Un hecho que sería especialmente gravoso en Islas Baleares donde, según los datos analizados por Consumo, la brecha entre la renta de los caseros y los inquilinos crecería en más de 5.600 euros tras la renovación de los contratos.

Por todo ello, el ministro Bustinduy ha insistido en los últimos días en exigir la toma de medidas. Ayer martes, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aseguró que "es absolutamente imprescindible una intervención del mercado de la vivienda" y afirmó que Sumar no apoyará la medida anunciada por Pedro Sánchez en relación a su intención de aprobar un real decreto ley para bonificar el 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos en su próxima renovación.

Frente a esa bonificación, desde el partido plurinacional señalaron la renovación automática de los alquileres con un incremento fijo del IPC como una medida "eficaz" que el Gobierno de coalición ha aplicado ya en ocho ocasiones y que, en su opinión, "no perjudicaría a nadie, salvo a quienes pretendan utilizar la renovación de un contrato de alquiler para subir un 40% el precio de las casas donde vive la gente".

En ese sentido, ayer martes Bustinduy insistió en la necesidad de que se tomen medidas para que el millón de contratos de alquiler que vencen entre 2026 (632.369) y 2027 (405.234) no generen más desigualdad y explicó que en el contexto de "formidable crisis de vivienda" existente es imprescindible destinar recursos públicos a los inquilinos y no a los rentistas.