Así lo desvela un informe publicado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales según el cual, en España se invierten unos 3.277,1 euros por habitante al año en políticas sociales y el año 2024 supuso un recorte de 2.364 millones de euros de la inversión en políticas sociales respecto al 2023, tal y como precisó dicha entidad en un comunicado.

El informe constata, además, que la “desigualdad” en los servicios que las comunidades ofrecen a su ciudadanía “queda patente” al analizar su inversión en políticas sociales, siendo Madrid (2.702,8 euros por habitante), Cataluña (2.940,8) y Andalucía (3.158) las comunidades que menos invierten en políticas sociales, con Navarra (4.500), País Vasco (4.343,5) y Extremadura (4.124,1) situadas como las de mayor inversión por habitante.

En este contexto, el informe señala cómo, año tras año, las comunidades autónomas destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales, ya que si en el año 2010 eran dos de cada tres euros destinados a estas políticas, en el año 2024 se redujo en ocho puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales.

“Esta tendencia se ha agudizado en 2024, donde se produjo un incremento de los presupuestos de las comunidades autónomas de 9.753,1millones de euros y, sin embargo, sólo el presupuesto destinado a políticas sociales se redujo en 2.364 millones de euros”, apostilló la asociación.

POR REGIONES

La Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en políticas sociales y cada habitante de esa comunidad recibe 574 euros menos en políticas sociales que la media nacional.

“Los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010, y que fueron especialmente drásticos en 2013, condujeron a que, en ese año 2013, se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales, con menos de 100.000 millones de euros. Desde el año 2014 y hasta el año 2020, se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas”, abundó la asociación, al tiempo que indicó que, en los años siguientes, impulsado por los presupuestos de la Administración General del Estado, ha ido aumentando “en gran medida” el gasto social hasta los 159.339,8 millones de euros del presupuesto liquidado del año 2023.

A su vez, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades autónomas sólo ha sido el 14,5% entre 2020 y 2024, mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 62% en ese mismo periodo (4,5 veces más).

CINCO AÑOS

Asimismo, en los últimos cinco años, todas las regiones han aumentado su inversión por habitante en políticas sociales, si bien no todas lo han hecho de la misma manera. Destacan Extremadura (+37,9%), Canarias (+35,7%) y Navarra (+35,3%) y en el otro extremo están Cataluña, Murcia y Madrid.

“Precisamente son las comunidades que menos invierten las que menos han aumentado en los últimos años, por lo que se está aumentando la desigualdad entre comunidades. La media en el Estado en el último quinquenio fue 25,1%”, sentenció la asociación.

GASTO POR HABITANTE

Por otra parte, las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre comunidades autónomas oscilan entre 2.703 euros en Comunidad de Madrid y 4.500 euros en Navarra o 4.343 euros en País Vasco.

Entre las Comunidades de Régimen Común, destacan Extremadura (4.124), Asturias (3.960) y Cantabria (3.702). A la cola de inversión económica en políticas sociales por habitante en 2024 se encuentran Andalucía (3.158), Cataluña (2.941) y la Comunidad de Madrid (2.703).

El mayor descenso en el porcentaje del presupuesto destinado a Sanidad se produce entre el año 2012, cuando significaba el 37,3% del presupuesto total de las comunidades autónomas, al 30,9% que representó en 2024 (6,4 puntos menos). En Educación esta diferencia se encuentra entre el 23,9% del presupuesto total que recibió en el año 2010 y el 20,4% en 2024 (3,5 puntos menos).

Los Servicios Sociales fue la única política social que ha visto incrementar el porcentaje que recibe de los presupuestos autonómicos, aunque sólo con 5 décimas más en 2024 (7,8%) que en 2011 o 2019, cuando supuso el 7,3%.

DEUDA

“Es destacable que en los últimos años el menor aumento en el gasto autonómico ha sido en el pago de la deuda, aumentando sólo un 6,1% en su coste total y aumentando en 29,14 euros por habitante al contrario que en otros momentos de la serie histórica donde se produjeron importantes aumentos”, prosiguió la asociación, al tiempo que reseñó que la estabilidad económica en estos últimos cinco años ha permitido poder destinar presupuesto a otras áreas de gasto y no al pago de la deuda y recordó que en el período 2009-19 el gasto en el pago de la deuda se multiplicó por 5,5.

A este respecto, lamentó que “el mayor aumento en los presupuestos en el último quinquenio no ha ido a políticas sociales sino a otras políticas” y concluyó que “los presupuestos de las comunidades son cada vez menos sociales”. “Si el aumento en el resto de políticas fue de un 42,1%, en el total de las políticas sociales se aumentó un 28,2%, 39,2% en Servicios Sociales, 30,1% en Sanidad y 27,1% en Educación”, deslizó, al tiempo que juzgó “preocupante” la disminución en el presupuesto en el año 2023 respecto al 2024, “siendo conscientes de que los datos de 2024 no son todavía de presupuesto liquidado”.

“En 2024 el coste de la deuda ha aumentado en 315 millones de euros respecto al año anterior, llegando hasta un 15,29% del presupuesto total de las comunidades autónomas, con un coste de 40.640 millones de euros, el doble de lo que se gasta en Servicios Sociales y un 50% de lo que se dedica a Sanidad”, criticó, al tiempo que consideró que la reducción del coste que supondría la quita de casi 85.000 millones de euros de la deuda de las regiones “permitiría un gran refuerzo de las políticas sociales en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, incrementando de manera importante sus presupuestos para recuperar, al menos, los recortes que se han producido en los últimos años”.