En declaraciones a los periodistas a la entrada a la reunión, los consejeros del PP mostraron su rechazo a la propuesta de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica salvo Cataluña, cuya consejera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, manifestó que el nuevo sistema es “más justo” e “igualitario” y que mejoran todas las comunidades. Se espera que la propuesta salga adelante con el apoyo de Canarias y Cataluña.

Entre las comunidades del PP, la consejera del ramo de Andalucía, Carolina España, anticipó su “no rotundo” al nuevo sistema por considerarlo un “nuevo castigo” para Andalucía y un caso de “corrupción política” por ser “moneda de cambio para pagar favores políticos”. España lo calificó de “traición” a las comunidades autónomas, de “agravio” y se quejó de que “se haya negociado a escondidas” entre el Gobierno y ERC.

Respecto a la posición de la Comunidad de Madrid, la consejera andaluza trasladó su respeto a la decisión de no asistir y defendió la suya de acudir para “explicar las razones” de su voto en contra.

El consejero del ramo la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, fue algo más crítico al señalar que la posición de Madrid “no tiene ninguna utilidad” y recalcar que “el resto de comunidades estamos aquí”.

Rovira adelantó que “la gran mayoría” de comunidades va a votar en contra hoy y se quejó de que la propuesta “no ha cambiado ni una coma” desde el principio.

En esa línea, el consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, criticó que el Ministerio comunicara ayer que no estima ninguna de las alegaciones de las comunidades, lo que le llevó a señalar que la negociación “es cero”. Galicia acude a la reunión porque “somos responsables, somos leales institucionalmente”, en voz de Corgos, quien dijo que Madrid tiene una posición “muy parecida” a la de Galicia, pero “lo manifiestan de una manera diferente”.

El consejero del ramo de Castilla y León, Carlos Fernández, se limitó a decir que Castilla y León “se va a oponer claramente a este modelo” y lo hará “dentro del seno del Consejo de Política Fiscal” a modo de “último intento” con el fin de que el Gobierno retire su propuesta.

El modelo planteado por Hacienda modifica algunos de los criterios del modelo anterior, que data de 2009. El resultado de esos cambios se traduciría en 20.975 millones de euros más para las comunidades autónomas en 2027 de los que obtendrían con el modelo vigente.

La oposición al nuevo sistema parte de su origen, un pacto entre el Gobierno y ERC en el que el PP ve una cesión al independentismo.

El borrador enviado a mediados de julio a las comunidades autónomas incluye como uno de sus puntos fundamentales el criterio de población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación.

De esta forma, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades. También se tienen en cuenta elementos como la superficie de la región, la dispersión, la insularidad y los costes fijos.