Esta respuesta se ha consensuado entre todas las autonomías, pero cada una “tiene la potestad y la autonomía de incluir los cambios que considere” en su respectiva misiva, según fuentes procedentes de Génova, sede nacional del PP.

La idea principal que transmiten los gobiernos del PP es que sus programas están “consolidados, basados en la evidencia científica y con resultados equiparables o superiores a los estándares europeos”. Mientras tanto, denuncian que el Ministerio de Sanidad no ha hecho sus deberes para “estabilizar” el modelo de cribados ni ha “garantizado su homogeneidad”. Además, subrayan que en Ceuta y Melilla, donde el Ejecutivo central tiene asignadas las competencias de los cribados, el programa de cáncer de mama llegó a estar paralizado “durante casi dos años”.

Por otro lado, remarcan que el Ministerio de Sanidad ni dispone de una red propia de cribados, ni de sistemas de información actualizados o indicadores de calidad asistencial “que vayan más allá de los meros datos de cobertura y participación”.

Y añaden que tampoco ha puesto en circulación ningún documento oficial del Ministerio que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas, “más allá del documento técnico de consenso elaborado en el seno del Consejo Interterritorial”, ni ha concluido el desarrollo del sistema informático necesario para la recogida y carga de los datos solicitados, que “se encuentra actualmente en proceso de revisión debido a las dificultades técnicas manifestadas por varias comunidades autónomas”.

"MANOSEAR DE FORMA MALICIOSA"

Del mismo modo, recriminan a la ministra que salga con esta idea cuando “no ha demostrado la misma diligencia para abordar los verdaderos problemas que aquejan a nuestro sistema sanitario”, entre ellos, la grave falta de médicos y de profesionales sanitarios, cuya planificación y oferta de plazas de formación especializada son responsabilidad directa del Gobierno de España; la ausencia de financiación suficiente para los proyectos y leyes que el propio Ministerio impulsa sin memoria económica; y “la incapacidad” para sacar adelante un Estatuto Marco actualizado y consensuado con los profesionales, que sigue pendiente tras múltiples anuncios.

“En lugar de afrontar estas cuestiones urgentes, el Ministerio opta ahora por fiscalizar y manosear de forma maliciosa el trabajo que desde hace años realizan las comunidades autónomas en materia de cribados, sin aportar valor añadido alguno y generando inquietud en asociaciones de pacientes y entidades científicas que ven en esta maniobra un riesgo innecesario para la credibilidad de programas preventivos que funcionan y salvan vidas”, señala la carta.

“Por todo ello, y en ausencia de una obligación legal o un acuerdo formal adoptado en el Consejo Interterritorial, esta Consejería no considera procedente remitir la información solicitada en los términos planteados. No vamos a contribuir a una iniciativa que, lejos de mejorar los programas, parece responder únicamente a una estrategia de confrontación política y de distracción respecto a las carencias de gestión del propio Ministerio”, apostilla el escrito, que incide en que “la cooperación debe basarse en el respeto competencial y en objetivos reales de mejora asistencial, no en la utilización partidista de la salud pública”.