“Error tras error”, lamentó la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y responsable de Vivienda del PP, Paloma Martín, quien subrayó que ninguna comunidad autónoma –excepto Cataluña– ha puesto en marcha la iniciativa, ni ha informado formalmente sus “zonas tensionadas” para su aplicación.

El Índice de referencia es una de las principales medidas de la ley de vivienda, que ha dado lugar a cinco recursos de inconstitucionalidad –presentados por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares; y el Parlamento de Cataluña–, todos ellos admitidos a trámite.

Dichos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y ponen el foco, entre otras cuestiones, en la vulneración del derecho de propiedad, en el control del precio de los alquileres, en los criterios de identificación de las zonas tensionadas y en la invasión de competencias autonómicas.

Ahora las comunidades del PP declararon que no solicitarán la declaración de zonas tensionadas en sus territorios. Y, añadieron las mismas fuentes, hasta el momento ninguna región ha iniciado los trámites oficiales, y solo Cataluña ha anunciado su intención de declarar 140 zonas tensionadas.

ERROR EN LA TRAMITACIÓN

Además de las críticas de “fondo y contenido”, el PP ve “graves errores de forma” porque el sistema se aprobó mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, “ignorando que este trámite requiere al menos de una orden ministerial”.

Con todo ello, el PP aboga por un Pacto de Estado que “asiente las condiciones para incrementar sustancialmente el parque inmobiliario”, ya que “la raíz del problema” del acceso a la vivienda es “el desequilibrio crónico entra la oferta y la demanda”.

“Para corregir el desfase actual es necesario poner en marcha medidas que dinamicen el mercado como una mayor disponibilidad de suelo, la simplificación administrativa, la ayuda a los jóvenes, la seguridad jurídica o la lucha contra la ocupación”, dijo Martín, quien rechazó medidas “intervencionistas” y defendió equilibrar la oferta y la demanda.

Entre la batería de acciones concretas que propone el PP destaca la concesión a jóvenes menores de 35 años de un aval de hasta el 15% del total de la vivienda, para así facilitar el acceso a una hipoteca. También plantea la creación de un fondo de garantía que permita avalar la fianza para el alquiler a los jóvenes que cumplan unos requisitos establecidos.