Los consejeros autonómicos explican esta postura en un comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que además rechazan la política migratoria “opaca e irresponsable” del Gobierno.

En contraposición, el principal partido de la oposición reclama un modelo que prime “una inmigración legal vinculada a las necesidades del mercado laboral, que atienda al principio de afinidad cultural y favorezca la integración”. También exige “el refuerzo del control de las fronteras, una coordinación real entre todas las administraciones y la aplicación inmediata y sin ambages de los acuerdos europeos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo”.

Las comunidades del PP acusan al Gobierno de haber “vaciado” la Conferencia Sectorial de Inmigración de “su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones”. “La prueba más evidente”, remachan, “es que esta convocatoria se ha programado 15 meses después de la anterior, un plazo que por sí solo desmiente cualquier voluntad real de diálogo”.

A su juicio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “las ha ignorado sistemáticamente durante más de un año, para ahora buscar que su presencia sirva únicamente de aval a una política migratoria irresponsable y diseñada al margen de las administraciones que gestionan buena parte de su impacto”.

En este sentido, enfatizan que el Gobierno ha rechazado todas sus solicitudes, “ignorado sus aportaciones, vulnerado el reglamento que regula el funcionamiento” de la comisión e “incurrido en una deslealtad institucional sin precedentes”. Entre otras cosas, señalaron no han podido obtener ni el acta de la Comisión Sectorial preparatoria de la Conferencia ni se ha atendido su solicitud de acceso de la grabación de la Comisión Sectorial de la Inmigración.

La principal crítica, precisamente, es que el Gobierno no ha hecho llegarles una documentación “clave” que, además, les “prometió”. Entre ella, “información” sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un estudio del impacto económico de la regularización sobre las comunidades y entidades locales y cuántos inmigrantes serán finalmente regularizados.