Según Comusica, esta práctica, que reviste formas muy variaas, supone un fraude al consumidor, así como, en ocasiones, delito de contrabando y delito fiscal.

Los empresarios del sector de instrumentos musicales afirman que el perjuicio, además, se extiende a la propia calidad de la enseñanza musical, dañada por la falta de ética de los profesores que realizan este tipo de actividades.