Así lo indicó a Servimedia la presidenta de de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Ángela Melero, integrada en la red concertada, que aglutina al 30% del alumnado.

"Continúa pendiente la insuficiente financiación de los conciertos educativos. La reducción de ratios puede ser positiva desde un punto de vista educativo, pero no puede aplicarse sin la correspondiente financiación. Si disminuye el número de alumnos por aula sin incrementar proporcionalmente los recursos, los costes terminan repercutiendo en los centros y finalmente en las familias", expuso.

En Concapa siguen reclamando la extensión de los conciertos educativos a etapas como el Bachillerato y el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años. "No puede ocurrir que una familia pueda elegir un proyecto educativo durante las etapas obligatorias y tenga que abandonarlo cuando sus hijos llegan a Bachillerato porque económicamente no puede permitirse continuar", argumentó, pues "la libertad de elección solo es real cuando puede ejercerse con independencia de la capacidad económica de las familias".

Las familias de la enseñanza concertada afrontan el curso escolar 2026-2027 "con preocupación" porque "muchos de los problemas con los que cerramos el curso anterior continúan sin resolverse".

"Son cuestiones estructurales que afectan directamente a las familias y especialmente a aquellas que han ejercido libremente su derecho a elegir un centro concertado para sus hijos", dijo la presidenta de Concapa a Servimedia, enumerando cuestiones como la falta de una "verdadera" política de conciliación familiar o la "igualdad real entre alumnos sostenidos con fondos públicos", lo que repercute en que los alumnos de la red concertada no puedan acceder a ayudas al comedor escolar, libros de texto o se haya excluido a los centros concertados del programa PREE Docente, destinado a actuaciones de rehabilitación energética de edificios de uso docente.

En este punto, Melero apeló al interés superior del menor enarbolado por la ONU, que "prohíbe la discriminación en el disfrute de los derechos reconocidos a los menores". "La insuficiencia o exclusión de financiación pública termina profundizando la brecha económica entre familias y se convierte en un criterio de elección de centro", expuso.

Por ello recordó al Gobierno que "el verdadero destinatario de estas inversiones no son los inmuebles, sino los niños". "Ningún alumno debería recibir menos inversión pública, estudiar en peores condiciones o tener menos posibilidades de disfrutar de un entorno escolar saludable por la decisión legítima de sus padres de elegir un centro concertado", zanjó.

CONCIERTOS EDUCATIVOS

Sobre la negociación con la ministra Tolón sobre los conciertos educativos, la presidenta de Concapa lamentó que las familias no están en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada. "Llevamos reclamando al Ministerio desde hace más de diez años que se nos vuelva a incluir en esa Mesa Sectorial, para que se escuche la voz de las familias y no únicamente la voz de las titularidades y de los sindicatos. Aunque se negocien, sobre todo, temas y reivindicaciones laborales, la voz de las familias se hace necesaria para aportar, dar serenidad y apoyo como parte esencial de la comunidad educativa. No se puede negociar para las familias sin contar con ellas", pidió.

La Confederación aseguró que está "a la espera" de que la ministra les convoque para abordar los citados conciertos aunque valoró "positivamente" que al final del curso pasado se haya dado cierta "recuperación de un clima de diálogo institucional".

"El concierto no financia una titularidad; financia el derecho de una familia a elegir y la educación de un alumno. Constituyen un instrumento para hacer efectivo el derecho de las familias a elegir un determinado proyecto educativo con independencia de su capacidad económica. Los fondos destinados al concierto permiten satisfacer las necesidades educativas de nuestros hijos y hacer efectiva la pluralidad del sistema educativo", defendió.

Por eso, Melero indicó que cuando la financiación del concierto es insuficiente, "las consecuencias terminan llegando a las familias" y que termina condicionando "la libertad efectiva de elección" a quienes no pueden hacerlo.

"Queremos que en esa negociación se aborde también la extensión de los conciertos a Bachillerato y a la etapa de 0 a 3 años, así como una financiación suficiente ante medidas como la reducción de ratios", pidió.