Durante la inauguración de las XIX Jornadas Jurídicas de Sarria, celebradas bajo el título 'La justicia que tenemos vs. la justicia que necesitamos', el presidente recordó que el Tribunal Constitucional, en tanto que garante e intérprete supremo de la Constitución y protector de los derechos fundamentales, tiene como labor asegurar que la justicia ordinaria, la ley y la actuación de los poderes públicos permanezcan dentro del marco constitucional.

Además, explicó que la relación entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional debe descansar en una idea esencial: la protección de los derechos fundamentales es una tarea compartida. Destacó que el Tribunal debe preservar la fuerza normativa de la Constitución frente a dos riesgos opuestos: el de vaciar los derechos por deferencia excesiva hacia el legislador o la Administración, y el de sustituir indebidamente a los poderes democráticamente legitimados.

La jurisdicción constitucional debe ser firme en la garantía de los derechos y prudente en el ejercicio de su autoridad, con el límite de su intervención en la Constitución. “No le corresponde imponer soluciones, sino respetar la libertad de opción que pueda adoptar el legislador dentro de la amplitud permitida por la norma constitucional”, subrayó.

Desde una perspectiva constitucional, Conde-Pumpido apostó por una justicia independiente, imparcial, accesible, motivada, comprensible, tempestiva y orientada a la tutela real de los derechos fundamentales. “Porque la Justicia no es un servicio público más. Es una de las condiciones de existencia del Estado de Derecho”.

A estas jornadas asistió la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Ignacio Picatoste; el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta, Diego Calvo, y numerosas autoridades judiciales y políticas.

PÉRDIDA DE CONFIANZA

Pumpido explicó que “donde no hay tutela judicial efectiva, los derechos desaparecen". "Donde la justicia llega tarde, no es imparcial, resulta incomprensible o se percibe como inaccesible, la ciudadanía pierde confianza en los tribunales y pierde confianza en la fuerza normativa de la Constitución”, dijo.

Para el presidente del Constitucional, la Justicia debe estar preparada para resolver conflictos nuevos sin perder su anclaje en principios permanentes. Por ello, considera "decisiva" la función interpretativa del Tribunal Constitucional para impulsar la aplicación evolutiva de la Constitución, fomentando la evolución y desarrollo de los derechos fundamentales para adaptarlos a la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicados.

También mostró su preocupación por la confianza en la justicia, puesto que la independencia judicial es un presupuesto irrenunciable del Estado de Derecho y debe ser reconocible para la ciudadanía. Pero la justicia no solo debe ser independiente, sino también rigurosamente imparcial. La independencia protege al Juez frente al poder. La imparcialidad protege al ciudadano frente al Juez. Ambas son imprescindibles.

La confianza, razonó, no es fácil de imponer: “Es necesario ganársela y en una sociedad polarizada es, a veces, muy difícil. Se gana con resoluciones fundadas, con instituciones ejemplares que respeten el pluralismo interno en los órganos colegiados, con respeto entre jurisdicciones, con cumplimiento leal de las sentencias, con órganos constitucionales renovados en tiempo y forma, con una justicia que no se perciba como patrimonio de especialistas, sino como garantía común de ciudadanía”.

Finalmente, explicó que, en una democracia constitucional, los jueces no reciben su legitimidad del sufragio, sino de la Constitución, de la ley, de la motivación de sus resoluciones, de su imparcialidad y de su sometimiento exclusivo al Derecho. Las resoluciones judiciales responden a principio insoslayable, el Imperio de la Ley, democráticamente aprobada e imparcialmente aplicada.