Estos dos factores han sido fundamentales para la vigencia de la Constitución, explicó el presidente. La existencia del Tribunal Constitucional, un órgano jurisdiccional específicamente diseñado para garantizar la supremacía y actualización del texto, es una garantía que contribuye decisivamente a su estabilidad.

“La Constitución no queda petrificada en la voluntad histórica de 1978, sino que se proyecta dinámicamente a través de la jurisprudencia constitucional”, razonó Conde-Pumpido durante la inauguración de la jornada “La Constitución española de 1978. Estabilidad, longevidad y continuidad constitucional. Logros y retos pendientes”, celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Así, gracias al Tribunal, la Constitución es una norma “viva”, susceptible de evolución interpretativa a partir de los principios estructurales y valores superiores -dignidad, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político- sin necesidad de reformas formales constantes. “Dada la rigidez del procedimiento para su reforma y la dificultad de alcanzar consensos, esta capacidad de actualización contribuye a su perdurabilidad, al evitar que el desfase entre la norma y la realidad derive en una crisis de legitimidad”, resaltó.

La labor del Tribunal, que encuentra su respaldo en la doctrina del “árbol vivo”, permite interpretar las cláusulas constitucionales de manera evolutiva y actualizar el alcance de los derechos fundamentales, en atención a la realidad social cambiante, pero sin desnaturalizar sus principios estructurales. Esta interpretación, además es vinculante para los órganos de la Jurisdicción Ordinaria.

En su ponencia, Conde-Pumpido defendió que “el Tribunal contribuye de forma decisiva a la estabilidad del orden constitucional de 1978, porque permite absorber tensión, imponer el cumplimiento efectivo de la Constitución como norma suprema vinculante, integrar transformaciones sociales y preservar la coherencia del sistema sin recurrir a soluciones de ruptura”.

Otra de las principales diferencias estructurales con respecto a la Constitución de 1876, que hasta ahora había sido la más duradera, es la legitimidad democrática. Mientras que la norma del siglo XIX fue aprobada por un poder constituyente limitado (sin sufragio universal y con exclusión completa de las mujeres), la Carta Magna de 1978 se elaboró tras una elección de Cortes por sufragio universal, y se ratificó posteriormente mediante referéndum, por el conjunto del cuerpo electoral.

“El proceso constituyente incorporó a la totalidad de la ciudadanía adulta, sin exclusiones estructurales por razón de sexo, ni por razones económicas o culturales, por lo que articuló un consenso social amplio”, ha razonado el presidente.

Para Conde-Pumpido, este robusto fundamento constituyente sumado a los mecanismos estables de autodefensa y evolución interna, es lo que explica su duración material: “No es fruto de la inercia histórica ni de equilibrios oligárquicos, sino de un diseño constitucional que integra legitimidad originaria y capacidad estructural de renovación. La Constitución ha demostrado ser capaz de renovarse desde dentro y está abierta a la evolución de la sociedad a la que sirve”.

En el acto, en el que también ha intervenido la directora del Centro de Estudios, Rosario García Mahamut, han estado presentes la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas; la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios; la presidenta emérita del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña y el vicepresidente emérito del TC, Luis López Guerra.