Esta docente, así como la directora del centro, Teresa Morán Penco, han sido condenadas a pagar 50.000 pesetas de multa, las costas procesales, una indemnización a los representantes legales del menor de 8.000 pesetas por cada uno de los 245 días queestuvo impedido y 7 millones de pesetas por las secuelas del accidente.

La condena es considerada particularmente grave por el claustro del instituto, ya que establece un antecedente que responsabiliza al profesorado por accidentes fortuitos en centros de enseñanza e invalida el acuerdo sobre responsabilidad civil al que habían llegado sindicatos y Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

Según un comunicado del claustro, el accidente ocurrió tras las vacaciones de Navidad de 1991, cuando un alumo que participaba en las clases de la profesora Alicia Martínez Villaescusa se cortó la mano con unos cristales.

Durante el período de vacaciones, personas ajenas al centro rompieron varios cristales de las ventanas del gimnasio, por lo que el aula fue inhabilitada hasta que el cristalero reparó los destrozos, dejando olvidados unos cristales allí.

Cuando se reanudaron las clases en el gimnasio, un profesor de Educación Física se percató de la existencia de los cristales y los protegió con un bano. Sin embargo, Alicia Martínez, también profesora de esta asignatura, no se dio cuenta y utilizó durante sus clases todos los bancos para realizar ejercicios con los alumnos.

Accidentalmente, un estudiante de primero de BUP resbaló y tropezó con los cristales, lo que le provocó un corte en la mano. Tras ser operado, el alumno tuvo que seguir un proceso de rehabilitación.

Posteriormente, la familia del alumno accidentado presentó una querella ante el Juzgado número 1 de Madrid, que la aceptó y ditó la citada sentencia condenatoria.