El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Segovia que condenó a una asesora jurídica a dos años de cárcel por estafa en la tramitación de papeles para inmigrantes. Ratifica también la obligación de indemnizar con 2.000 euros a cada uno de los cuatro perjudicados. El tribunal la absolvió, no obstante, de un delito de intrusismo.