El acoso denunciado por la familia incluía una serie de insultos verbales, como “gitanos de mierda” o “hijos de puta”, y por escrito, en forma de carta en las que las tres condenadas los llamaba “salvajes”, según informó la Fundación Secretariado Gitano.

También se les acusaba de generar un clima hostil en todo el vecindario contra la familia, ya que publicaron un cartel en el portal en el que hacían un llamamiento a los vecinos para que fueran a su casa a comprobar los ruidos.

Del mismo modo, una de las acusadas publicó en redes sociales distintos mensajes en los que se quejaba de la llegada de “familias numerosas problemáticas de etnia gitana”, un texto que provocó mensajes de odio antigitano por parte de otros usuarios de dichas redes sociales.

La Fundación Secretariado Gitano subrayó que las tres condenadas son las únicas vecinas que se quejaron de supuestos comportamientos incívicos por parte de la familia gitana. De hecho, la policía municipal, que hoy testificó en el juicio, se personó en varias ocasiones ante las llamadas de estas mujeres sin que registraran ninguna infracción.

Del mismo modo, explicó que la “situación de acoso e insultos” vivida por esta familia por parte de las vecinas les generó una “fuerte ansiedad y miedo, afectando a su seguridad, tranquilidad y libertad personal”, lo que provocó su cambio de domicilio.

La Fundación Secretariado Gitano denunció estos hechos ante la Fiscalía especializada en delitos y discriminación de Burgos por un delito de coacciones previsto en el artículo 172.1 del Código Penal, que concurriría con la agravante del artículo 22.4 del mismo, como una de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por tener un móvil antigitano.

En ese sentido, Selene de la Fuente, abogada de la Fundación Secretariado Gitano, declaró que “esta condena reconoce el acoso y el hostigamiento antigitano que ha sufrido la familia y, al mismo tiempo, manda un mensaje claro a la sociedad de que los delitos de odio no pueden quedar impunes”.

Por su parte, la familia manifestó su satisfacción "porque se ha reconocido el daño que nos han hecho”, ya que “nuestros hijos tenían miedo de estar en casa, estaban aterrorizados cuando se les caía un boli al suelo, e incluso fuimos nosotros quienes tuvimos que irnos de la vivienda”. Por ello, confió en que “con esta condena ninguna otra familia gitana vuelva a pasar por estas situaciones”.