En la sentencia, notificada este miércoles a las partes personadas en este procedimiento, la Audiencia Provincial condena al expresidente de Invercaria como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, concurriendo en ambos delitos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y le impone tres años y medio de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años, así como que indemnice a Invercaria en la cantidad de 300.000 euros.

De otro lado, el tribunal absuelve de dichos delitos a otros dos acusados -un representante de Astraea Astilleros y el que fuera director de Inverjaén, cuyo objeto social era la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria, y que participó en el capital de la primera y fue responsable de su contabilidad- al concluir que, “en el desarrollo de estas operaciones, no consta que tuviesen mayor conocimiento del funcionamiento del procedimiento de concesión de los préstamos que el propio de solicitar los mismos, interesarse por su concesión y aportar la documentación que les era solicitada por su relación con Astraea e Inverjaén”.

En la vista oral, la Fiscalía Anticorrupción solicitó para el expresidente de Invercaria una pena de seis años y seis meses de cárcel y dieciséis años de inhabilitación absoluta por los delitos referidos, mientras que para los otros dos encausados pidió tres años y nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta, así como que se declarase la responsabilidad civil en la cuantía de 300.000 euros.

La Audiencia considera probado en la sentencia que fue el día 26 de junio de 2006 cuando, mediante un correo electrónico, Inverjaén ofreció a Invercaria participar en la financiación de Astraea, por lo que personal de Invercaria acudió a las instalaciones de esta sociedad para realizar una primera visita en julio de 2006, tras lo que en septiembre de ese mismo año se le requirió una información contable y financiera. En este momento, de la documentación en poder de Inverjaén resultaban, “como datos destacados”, que Astraea tenía una deuda acumulada de 186.500 euros y unos fondos propios de 35.486,96 euros, equivalentes a un 23,61 por ciento del capital social.

En este sentido, los magistrados añaden que, “pese a tener conocimiento de esta información, sin ajustarse a la normativa y procedimientos para la adopción de decisiones de inversión de Invercaria, no contando con propuesta de inversión elaborada por los departamentos técnicos de la sociedad, sin observar las más mínimas cautelas y diligencia en la gestión de los fondos públicos de Invercaria”, Tomás P-S., “amparándose en las facultades de que disponía como presidente y consejero delegado de Invercaria, tomó la decisión de conceder un préstamo de 150.000 euros a Astraea a sabiendas de la prácticamente nula capacidad de devolución de su importe con la información disponible”.