En una resolución dictada por la Sala de lo Penal del Supremo, se considera probado que Planells firmó de 2004 a 2007 expedientes de extranjería ilegales de personas vinculadas con la mafia georgiana y, además, aleccionaba a funcionarios subordinados para que los tramitaran de manera favorable y preferente.

Se desestima así el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que dictó la resolución contra él por un delito continuado de prevaricación y otro delito continuado de tráfico de influencias.

También fue condenado por esos mismos delitos el acusado Malchas Tetruashvili, a quien se impusieron dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y a 4 meses y 15 días de prisión, pena sustituida por multa de 4.050 euros.

EN NOMBRE DE UNA ONG

Los hechos probados recogen que Planells, que antes de ser nombrado subdelegado del Gobierno ocupó el cargo de Coordinador de Servicios Periféricos en la Oficina de Extranjería, entregó en 2001 al otro condenado, Malchas Tetruashvili, un documento firmado por él para exhibirlo ante las distintas autoridades a las que se pudiera dirigir. En este escrito se decía que éste último actuaba en nombre de la ONG OPAC y que, de un primer análisis de las solicitudes, se deducía que respondían a una necesidad real de trabajo por parte de empresas legalmente constituidas y que venía actuando con normalidad.

Según estos hechos, Planells desarrolló conductas en beneficio de Tetruashvili y personas relacionadas con él, personal o laboralmente, de forma que este último consiguió un beneficio económico que no pudo ser determinado.

La sentencia explica que quedó acreditado que dio el visto bueno a solicitudes de permisos de residencia realizadas por OPAC y que, además, existió trato de favor hasta en cinco expedientes relacionados con empresas o personas vinculadas con el otro condenado, bien porque él mismo adoptó resoluciones a sabiendas de su ilegalidad o bien porque influyó en los funcionarios encargados de los expedientes. Del mismo modo actuó con los expedientes relativos a otra persona con la que compartía vínculos societarios en dos empresas.

La Sala descarta que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de este exalto cargo de la Delegación del Gobierno de Cataluña, que sostenía en su recurso que los testimonios prestados en el juicio no acreditaban irregularidad alguna en su comportamiento.