Según la sentencia, de fecha 2 de abril y a la que ha tenido acceso Servimedia, las empresas condenadas son Compañía Internacional de Bienes Raíces, Explotaciones Agropecuarias El Carrascal, Abastecimientos El Carrascal y Promociones Náuticas, que forman el grupo de empresas de "Los Angeles de San Rafael".

Ferando Albertos, director del Gabinete Jurídico de la Caja de Segovia, explicó a esta agencia que los hechos se remontan a los años 70, cuando esta entidad financió al grupo de empresas de Jesús Gil con una serie de créditos que no pudo devolver tras los problemas ocurridos con el hundimiento de un inmueble que el actual presidente del Atlético de Madrid construyó en Los Angeles de San Rafael y la crisis económica.

Finalmente, Jesús Gil firmó en 1983 un convenio con la Caja de Segovia, en el que se compometió a ceder unos inmuebles a la entidad a cambio de que se le condonase la deuda, que ese año ascendía a 1.598 millones de pesetas.

Según Albertos, nada más firmar la escritura de cesión de los inmuebles en el notario "Gil dice que la escritura es falsa, que él estaba trastornado y que la Caja le ha estafado y que todo lo que tenía eran deudas usurarias", lo que motiva la presentación por parte de Gil de una demanda contra la entidad en el juzgado de primera instancia de Segovia.

El citado juzado da la razón a la Caja de Segovia, así como la Audiencia de Madrid y el Tribunal Supremo, que dictaminan que el contrato que firmó Gil con la entidad era "válido y perfectamente legítimo", informó Albertos.

Tras perder Gil la demanda, La Caja de Segovia reclamó la propiedad de los inmuebles, a lo que no accedió el actual alcalde de Marbella, por lo que la entidad presentó una demanda ante el juzgado de Segovia pidiendo que se cumpliese el contrato y que se indemnizara a la Caja por los años que hanpasado sin poder rentabilizar los inmuebles.

El juzgado, que ha notificado hoy su fallo a las partes, condena finalmente a Gil a que entregue los inmuebles a la Caja de Segovia, así como una indemnización de 1.875.884.500 pesetas por daños y perjuicios, que es, según Albertos, una cantidad equivalente a los intereses de la deuda contraída con la entidad en 1983.

El director del Gabinete Jurídico de la Caja de Segovia se mostró satisfecho con el fallo del juzgado, porque "es una indemnización que e debe pagar a la caja porque ha sido desposeida durante esos años de los inmuebles". No obstante, la sentencia todavía no es firme, ya que puede recurrirse ante una instancia judicial superior.