La justicia le da así la razón al demandante, que denunció a la empresa de Monasterio por un proyecto que el Ayuntamiento de Madrid ya consideró ilegal. Esta sentencia confirma el fallo del juzgado de primera instancia dictado en 2021.

Entiende el tribunal que Monasterio era “consciente de la ilegalidad” del proyecto, que no contaba con “los correspondientes permisos municipales”. Por ese motivo, el tribunal condena a la empresa a pagar un total de 8.043 euros por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Este pago incluye la sanción administrativa de 3.838,49 euros y el coste de la demolición para dejar el local en situación de legalidad, lo que costará 4.205 euros. En la causa quedó acreditado que Monasterio falsificó el sello del visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos.

Vals reclamaba en este proceso la devolución de los 116.000 euros que pagó por el proyecto y los 129.000 euros que le costó después legalizarlo, pero los jueces entienden que la obra acabó redundando en beneficio de la propiedad, que aumentó su valor.