Ese es uno de los cinco riesgos legales de incumplir con la obligación de colocar la luz de emergencia, según apuntó este miércoles la consultora Impulso by PONS.

A partir del 1 de enero de 2026, esa baliza será el único dispositivo autorizado en España para señalizar averías o siniestros en carretera, con lo que sustituirá a los triángulos de preseñalización de peligro.

A 50 días para que se cumpla el plazo legal marcado por la Dirección General de Tráfico (DGT), Impulso by PONS difundió un informe sobre los riesgos legales en cinco ámbito jurídicos (civil, administrativo, penal, asegurador e industrial) derivados de no cumplir con la tenencia y el uso la señal luminosa V-16 conectada, tanto para conductores como propietarios de vehículos y fabricantes.

Actualmente, España cuenta con más de 34 millones de vehículos asegurados, según el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), por lo que la entrada en vigor de la señal V-16 supondrá, según la consultora, “un cambio de paradigma en la seguridad vial española”.

Impulso by PONS indicó que el desconocimiento o incumplimiento de la normativa puede acarrear “importantes consecuencias jurídicas” para los conductores y los fabricantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTA

Desde el punto de visa penal, la falta de señalización puede ser considerada imprudencia grave si esta conducta provoca lesiones o muertes, cuando no colocar la baliza V-16 sea considerada la causa directa del daño. “El conductor podría enfrentarse a penas de prisión y privación del derecho a conducir, con consecuencias personales y profesionales de gran alcance, especialmente en casos de siniestros con víctimas”, según Impulso by PONS.

Además, la omisión de la señal V-16 o el uso de un dispositivo no homologado puede generar responsabilidad civil directa. El conductor que no señaliza adecuadamente una incidencia en carretera puede ser considerado responsable de los daños ocasionados a terceros por falta de advertencia o visibilidad, lo que puede derivar en reclamaciones judiciales y posibles futuras indemnizaciones.

Igualmente, las aseguradoras pueden excluir la cobertura del seguro en caso de negligencia grave del conductor asegurado. Si se acredita que el conductor incumplió la obligación de señalizar, la compañía puede ejercer la acción de repetición y reclamar al asegurado las cantidades abonadas a los perjudicados, dejando al conductor sin protección económica frente a terceros.

En el ámbito administrativo, la responsabilidad es doble. Por un lado, del propietario, por la obligación de dotar al vehículo de la baliza luminosa V-16 y ostentar la responsabilidad de su existencia y mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad en el vehículo.

Por otro, también lo es del conductor por la obligación y responsabilidad del uso correcto del dispositivo, según el Reglamento General de Circulación. En caso contrario, la infracción conlleva sanciones económicas desde 80 hasta 200 euros, según Impulso by PONS.

En el ámbito industrial, los laboratorios, fabricantes e importadores de la señal V-16 conectadas tienen la obligación de fabricar de acuerdo con la Ley de Seguridad Industrial de 1992. En caso contrario, fabricar sin cumplir con los estándares de la ley puede acarrear sanciones de 60.000 euros a 100 millones de euros de multa, en incluso la suspensión o cierre de la actividad comercial durante cinco años.