En su último boletín mensual de coyuntura económica y laboral, difundido este martes, Confemetal advirtió del riesgo de generar cargas burocráticas que dificulten su cumplimiento y debiliten el objetivo de la igualdad retributiva.

Asimismo, sostuvo que, si bien la igualdad retributiva es un "objetivo compartido y legítimo", la eficacia de las políticas públicas reside en combinar "ambición en los objetivos con viabilidad en su aplicación".

Confemetal recordó que España parte de una "posición singularmente avanzada" al disponer desde 2020 de un marco normativo que incluye instrumentos como los registros salariales, las auditorías retributivas y los planes de igualdad. Por ello, abogó por afrontar la transposición con una "perspectiva reflexiva, aprovechando la experiencia acumulada y evitando decisiones precipitadas".

La organización señaló que el proceso está resultando complejo en la mayoría de Estados miembros y que la directiva incorpora "importantes desafíos" como la transparencia previa a la contratación, la valoración de puestos o las auditorías reforzadas.

Estas medidas requieren "capacidades organizativas y recursos especializados que no siempre están al alcance de todas las empresas", especialmente de las pymes, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial español.

TRANSICIÓN ORDENADA

Asimismo, la patronal destacó que la transposición completa exigirá modificaciones "de gran alcance" en normas como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Empleo o la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por lo que es un proceso que requiere "seguridad jurídica, tiempo de adaptación y una planificación adecuada".

En este contexto, Confemetal reclamó que los interlocutores sociales se sitúen "en el centro del proceso" y defendió el papel de la negociación colectiva y el diálogo social para adaptar las obligaciones legales a la realidad de los distintos sectores. "El verdadero éxito de la transparencia salarial no se medirá por el número de obligaciones formales que incorporen las normas, sino por su capacidad para reducir efectivamente las desigualdades retributivas", sentenció la organización.

Finalmente, la patronal sectorial concluyó que "una normativa excesivamente compleja corre el riesgo de convertir una aspiración legítima en una obligación difícil de ejecutar", lo que podría debilitar los objetivos sociales que se persiguen.