Batet compareció en la Cámara Baja después de las once y media de la noche para valorar con estas palabras la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la suspensión de la tramitación parlamentaria de la reforma legal vía enmienda emprendida por PSOE y Unidas Podemos, sobre la que comentó que “carece de predentes”.

La diputada socialista, al frente de la tercera institución del Estado, manifestó la “lealtad” del Congreso con el “mandato del Estado y sus instituciones” y recalcó que la respuesta de la Cámara Baja “sólo puede ser una”, en concreto “el cumplimiento” de la orden del Tribunal Constitucional.

Batet expresó, no obstante, ciertas reticencias hacia la decisión de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional y anunció que “a la mayor brevedad” espera poder personarse en la causa abierta tras el recurso de amparo del Partido Popular y de Vox contra la reforma del Código Penal que, a través de dos enmiendas, cambia el sistema de elección de los órganos judiciales.

También hizo pública su “honda preocupación” por la vía que abre la decisión del Constitucional dado que a partir de ahora “se posibilita que la interrupción” de cualquier proceso legislativo “esté a la altura de un solo diputado con un recurso de amparo”.

La presidenta del Congreso adelantó que el Congreso, una vez que reciba la notificación formal de la decisión adoptada esta misma noche, se personará en el proceso ante el Constitucional para “defender nuestra autonomía parlamentaria y las funciones" que el Poder Legislativo tiene encomendadas.

Además, advirtió de que el choque entre poderes del Estado puede provocar una “frustración del mandato institucional” y al mismo tiempo generar una “potencial deslegitimación del proceso democrático” en tanto que el Constitucional paraliza el trámite parlamentario de una reforma legislativa en marcha en las Cortes Generales.

No obstante, Batet recalcó que el Congreso piensa trabajar “desde la lealtad al mandato del Estado y sus instituciones” y alegó que la Cámara Baja “se guía siempre por el leal cumplimiento de su Reglamento y la Constitución” desde su capacidad para “interpretarla”. aunque asumió que “la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional”.