El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue el encargado de defender este decreto que ofrece asistencia y ayuda a las víctimas de estos accidentes ferroviarios y constituye una “respuesta extraordinaria” ante la magnitud del siniestro y sus consecuencias.

Este decreto, aseguró, propone un sistema de ayudas “inmediato”, “objetivo” y “directo” y garantizó que se hará lo posible para “garantizar que la ayuda llegue en el menor tiempo posible” a los afectados. Torres recordó que no “prejuzga responsabilidades ni interfiere en las investigaciones en curso", pero sitúa "en el centro a las personas afectadas”.

Por parte del PSOE, la diputada Rafaela Crespín calificó el decreto de “instrumento para apoyar a las víctimas" y de "estado social que no mira hacia otro lado" y busca ayudar a las familias afectadas por los accidentes ferroviarios mandándoles un mensaje de que "su dolor es el de todos". Además, recalcó que la norma también apoya la “investigación de la verdad” para poder mejorar y evitar nuevo dolor.

CRÍTICAS A PUENTE

Por parte del Partido Popular, el diputado Bartolomé Madrid confirmó el apoyo de su grupo diciendo que aprobar el real decreto es una forma de decirle “no al olvido”. A pesar de su apoyo a la norma, recordó que “la reparación total” únicamente “llegará con la verdad” sobre el accidente.

Aprovechó su intervención para criticar al Gobierno y al ministro de Transportes, Óscar Puente, por fardar “de tener el mejor tren de la historia mientras 47 familias lloran” la pérdida de sus seres queridos, además, pidió el cese del ministro “por estar en otras cosas” en lugar de a vigilar las infraestructuras ferroviarias.

Carina Mejías, de Vox, se mostró muy dura con el Gobierno y, en particular, con el ausente ministro Puente, a quien acusó de mentir en relación al accidente de Adamuz. Según dijo, lo que se debatía en el Congreso no era un real decreto, sino el “intento de comprar el silencio de las víctimas a golpe de talonario”.

El Ejecutivo, criticó, “ha abandonado” a las víctimas y “ha jugado a la ruleta rusa con la vida de los españoles” ante la falta de inversión y mantenimiento de las infraestructuras. Tajante, señaló que “mata” la “falta de responsabilidad” y la “gestión negligente del ministro”. Por último, denunció la “sustracción” y “manipulación” de pruebas del accidente y exigió que Puente “se vaya antes de que un tribunal le siente en el banquillo”.

“NO ES GÉLIDA, ES GELIDA”

Por su parte, el diputado de Junts Isidre Gavín señaló que en estas situaciones “muy importante no utilizar a las víctimas” y añadió que, además de ayudarlas, también hay que “hacer una reflexión pública y política”. Los dos accidentes incluidos en el decreto, Adamuz y Gelida, son “totalmente diferentes”.

En el caso de Gelida, aseguró que el accidente era “evitable” y agregó que es necesario “intentar prever que los accidentes no sucedan”. Al Gobierno central, el diputado de Junts le reclamó que en Cataluña se haga “un traspaso” de Rodalies “como Dios manda” a la Generalitat catalana, que sea “integral”.

Antes de acabar matizó que “no es Gélida, es Gelida”, criticando que en el real decreto hay una “corrección nueva y se vuelve a poner Gélida”. “Debe haber alguna mano negra, no sé si es la misma que está castellanizando los topónimos catalanes de las autopsitas de Cataluña”, lamentó, apuntado que esto “da una imagen de la Administración española que es bastante terrible”.

Desde ERC, Inés Granollers siguió la línea del resto de los grupos al mostrar su apoyo al real decreto, pero con la exigencia de “corregir las causas” para “no resignarse a gestionar las consecuencias”. Porque, subrayó, no se trata solo de “reaccionar bien cuando hay una tragedia”, sino que “hay que prevenirla”. Entre las medidas que exigió al Gobierno, destacó una mayor inversión en infraestructuras, asegurar el mantenimiento, contar con personal suficiente y poner fin a la subcontratación.

DEBATE

Félix Alonso, diputado de Sumar, aprovechó su intervención para recordar que una de las lecciones que deja el accidente de Gelida es “la necesidad de seguir invirtiendo, de incrementar las partidas destinadas al mantenimiento de las líneas convencionales como las de Rodalies”, que atraviesan una situación “pésima”.

Por el PNV, Nerea Renteria afirmó que las víctimas de los accidentes están “en su derecho de saber la verdad”, conocer “qué y por qué ocurrió”, al tiempo que confió en que con este decreto se evite que la “incertidumbre económica se sume al dolor”, por lo que reclamó que las indemnizaciones se hagan “con la mayor rapidez posible”.

Mikel Otero, de EH Bildu defendió este decreto, pero aseguró que hay que hacer “muchas otras reflexiones”, ya que los accidentes pueden ser “casos puntuales”, pero también pueden ser “un reflejo de un problema de mucha más profundidad y ese es el caso”, no porque haya habido “grandes accidentes, sino porque ha habido muchas incidencias”.

Desde Podemos, Martina Velarde aseguró que las ayudas son necesarias, ya que las víctimas no podían esperar hasta que “se resuelven los procesos judiciales que son interminables”, pero “no basta con pagar y con indemnizar”, la justicia “empieza cuando se garantiza la seguridad” y esta empieza cunado el mantenimiento de las infraestructuras “no se recorta ni se privatiza”.

Finalmente, desde UPN, Alberto Catalán destacó que las víctimas de los accidentes esperan “una voz del Gobierno que les atienda”, que “les diga la verdad de lo que ocurrió”, no solo para “paliar el dolor” o para que “se depuren responsabilidades”, sino para que “no vuelva a ocurrir”. Por ello, abogó por actuar con “total y absoluta transparencia”.