Con su aprobación, la norma se remitirá al Senado y verá la luz verde definitivamente, por decisión de los proponentes, antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Se desbloqueará así una de las grandes leyes de la legislatura, que ha estado más de un año atascada en el trámite parlamentario de su aprobación en Consejo de Ministros por la falta de acuerdo del PSOE y de Unidas Podemos con sus socios para regular los alquileres, entre otras cuestiones. Finalmente, el pasado 14 de abril ERC y EH Bildu anunciaron que habían alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo de coalición.

La Ley de Vivienda introducirá un nuevo tope permanente que limitará el incremento anual que un propietario puede repercutir al inquilino en el momento de la revisión del contrato. Ahora se aplicará la situación en vigor con los reales decretos de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Así, se aplicará hasta final de año el límite del 2% en vigor, que fue aprobado el pasado diciembre como parte del paquete de medidas, mientras que en 2024 será del 3% y, en adelante, “se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC”. Este nuevo índice será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y afectará a todos los contratos.

Por otro lado, la ley incluye condiciones para regular los contratos de alquiler en zonas tensionadas que van más allá de la intención inicial del Ejecutivo. Así, los contratos de pequeños propietarios en zonas tensionadas, que en el texto inicial no estaban sujetos a ningún tipo de límite y a los que solo se ofrecían beneficios fiscales, estarán ahora obligados a referenciarse al contrato anterior.

Además, los nuevos contratos de pequeños propietarios también tendrán que referenciarse al índice de referencia para grandes tenedores en zonas tensionadas si así lo deciden las comunidades autónomas. Los gobiernos autonómicos, de hecho, también tendrán la facultad de rebajar de diez a cinco el número de viviendas para ser considerado gran tenedor.

También, siempre según el texto aprobado en la ponencia que espera aprobarse en el Pleno, se rebajan las condiciones para que una comunidad pueda declarar una zona como tensionada. De tal manera, de las de tres condiciones que tenían que cumplirse simultáneamente en el proyecto de ley original, ahora sólo son dos y bastará con que se cumpla una de ellas. Así una comunidad autónoma podrá declarar zona tensionada cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien cuando el precio de alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.

También se obligará a los propietarios a pagar en exclusiva los honorarios de las inmobiliarias y se prohibirá que el propietario repercuta en el precio del alquiler al inquilino otros gastos tales como la tasa de basuras o los gastos de la comunidad.

DEDUCCIONES FISCALES

La norma también introduce deducciones fiscales para los pequeños propietarios que pongan su casa en alquiler en áreas tensionadas. La reducción alcanzará el 90% si la renta se rebaja más de un 5% en relación con la renta anterior, el 70% cuando se alquile a personas de entre 18 y 35 años o a una administración pública o entidad sin fines lucrativos, el 60% cuando se haya hecho una actuación de rehabilitación en los dos años anteriores y un 50% para el resto de los casos.

Las comunidades gobernadas por el PP ya han anunciado que no aplicarán la norma en las cuestiones que afecten a sus competencias y dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han anunciado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad. Además del PP, votarán en contra al menos Vox, Ciudadanos y Coalición Canaria. El BNG ha anunciado su abstención.

Desde el PSOE, hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han instado al PP a que haga cumplir esta ley en sus comunidades autónomas y no entre en rebeldía porque se trata de una norma aprobada por las Cortes que desarrolla un artículo de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna para todos los españoles.

La semana pasada la norma avanzó en su trámite parlamentario con la aprobación del dictamen en la Comisión, que salió adelante con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. El PNV, que el año pasado presentó una enmienda a la totalidad de la ley, se abstuvo, pero todavía no ha anunciado su postura definitiva.

PISOS TURÍSTICOS

Una de las cuestiones que ha quedado fuera de la norma ha sido la regulación de los pisos de alquiler turístico. En los últimos días, Podemos ha tratado de presionar al PSOE para que apoye una enmienda – de otro grupo parlamentario- que limite el número de plazas de pisos de alquiler turístico al 2% del total de habitantes que tenga una zona que se declare como tensionada.

En la rueda de prensa del pasado lunes, su portavoz Pablo Fernández recordó que el acuerdo de Gobierno firmado en enero de 2020 ya contemplaba el compromiso de regular este tipo de pisos. Ahora, el objetivo sería “evitar que los grandes tenedores intenten utilizar subterfugios o vías para que no se regule el precio de los alquileres”.

Se da la circunstancia de que ni la formación de Ione Belarra ni ERC o EH Bildu tienen enmiendas vivas para la tramitación de la norma, por lo que se tendría que usar una de Más País o de otra formación minoritaria.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, reconoció este miércoles que está negociando “in extremis” con el Gobierno una enmienda transaccional que introduzca esta cuestión y tras ofrecer las enmiendas a su exformación, explicó que no "importa" quién las firme sino que “lo más importante es que sigan vivas" para poder votarse en el pleno.

No obstante, la ministra de Educación y portavoz del Comité Electoral del PSOE, Pilar Alegría, insistió en diversas ocasiones de su rueda de prensa semanal que la regulación de los pisos turísticos es una competencia “100% autonómica”. Sin el apoyo del PSOE, la limitación de los pisos turísticos no podría salir adelante.

DESAHUCIOS VULNERABLES

La norma ha levantado enormes críticas desde la oposición debido a una enmienda transaccional aprobada la semana pasada que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer nuevas condiciones en los desahucios de personas vulnerables. Desde el PP han calificado esta cuestión como “un incentivo a la okupación y un chollo para los okupas”.

La disposición final quinta, objeto de la polémica, establece que no se atenderán las demandas de desahucio si el propietario no especifica tres cuestiones. En primer lugar, deberá certificar que el inmueble constituye la "vivienda habitual de la persona ocupante"; en segundo lugar, tendrá que determinar si es un gran tenedor y, en esta circunstancia, también deberá dar cuenta de la situación económica de la parte demandada.

De tal manera, sólo en el caso de que se trate de un gran tenedor, el inmueble objeto de demanda constituya "vivienda habitual" de la persona ocupante y esta se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, "no se admitirán las demandas" en las que no se acredite que el demandante "se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación" que establezcan las autoridades competentes a este respecto.