El primer punto del Pleno del jueves será el debate de esta proposición de ley que Junts registró en la Cámara Baja en marzo del 2024. Casi dos años después, esta norma que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal superará el último examen en el Congreso y pasará al Senado.

Los de Carles Puigdemont explicaron que el objetivo principal es frenar el problema de la multirreincidencia, una situación de “alarma social en términos de inseguridad”. Para evitarlo, proponen una modificación del Código Penal en relación con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Con ello, pretenden que las penas a la multirreincidencia no dependan del montante acumulado de las infracciones, que se encuentra en 400 euros. A su vez, defiende modificar el artículo 235 del Código Penal para añadir penas de prisión de uno a tres años por el robo de móviles u otros dispositivos electrónicos, salvo en casos de teléfonos sustraídos en tiendas.

Uno de los temas añadidos durante el trámite parlamentario de la norma, consiste en establecer penas de uno a cinco años de cárcel para aquellas personas involucradas en actividades relacionadas con el conocido como ‘petaqueo’, la provisión logística a narcolanchas. Esta iniciativa la pactaron PP, Junts y el PNV.

Otra de las enmiendas pactadas, en este caso también junto al PSOE, tiene que ver con la ampliación del castigo a la multirreincidencia en delitos de estafa con ánimo de lucro. Además, para que estos y otros aspectos se lleven a cabo, Junts quiere que el número de jueces de adscripción territorial en Cataluña pase de 35 a 70.

RECORRIDO

La toma en consideración de la ley impulsada por Junts fue aprobada en el Congreso el 17 de septiembre del 2024 con 304 votos a favor. Partido Popular, PSOE, Vox y PNV apoyaron esta norma. Por su parte, ERC optó por la abstención y Sumar, EH Bildu y Podemos cuestionaron esta propuesta y la rechazaron.

Tras ello, se abrió el plazo para presentar enmiendas y se fue prorrogando unos meses, hasta que esta iniciativa acabó guardada en el cajón. El Gobierno decidió desbloquearla 10 meses después, justo el mismo día que Junts anunció que iba a presentar una enmienda a la totalidad a todas las leyes impulsadas por el Ejecutivo.

Así, se volvió a activar la Comisión de Justicia para abordar esta ley y el 4 de diciembre del año pasado PP, PSOE y Junts encarrilaron la tramitación de esta proposición de ley. Concretamente, los de Puigdemont y los populares transaccionaron 6 enmiendas y, por su parte, los socialistas transaccionaron 2 de las 6.

Ese mismo día se aprobó el informe de la ponencia y se mandó a la Comisión de Justicia, que se reunió una semana después. El informe contó con el apoyo del PP, PSOE y Junts y lo facilitaron Vox y PNV. Por el contrario, EH Bildu y Podemos mostraron su rechazo al mismo y ERC optó por tener “tiempo” para analizarlo todo y se reservó el voto.

El 10 de diciembre la citada comisión decidió elevar al Pleno el dictamen sobre la proposición de ley para endurecer el Código Penal y combatir la multirreincidencia para que fuese debatida en el primer Pleno del Congreso de este año. De este modo, el jueves esta norma quedará aprobada y pasará al Senado.