Defendió la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, quien comenzó avisando de que sus diputados no tenían “ningún problema” en retratarse con una votación por llamamiento, como había exigido el Grupo Popular, pero lo puso en relación con pasadas campañas del PP que señalaron nominalmente a los electos del PSOE por "traidores".

“Cuanto más nos amenazan, más convencidos estamos”, proclamó, afirmando que hoy sólo es “un día malo para los insultadores profesionales” y reclamando al PP argumentos para sostener que la amnistía rompe España, se carga el Estado de derecho y es una humillación”, y su alternativa para hacer frente al conflicto catalán, que fue “la herencia que nos dejaron”.

López rechazó la inacción, la rabia y dijo preferir “la política” y “decisiones valientes” que a su juicio ha tomado el Gobierno para “desinflamar” la situación. “Sólo puede decir que estamos peor aquél que quiere vivir en la confrontación”, presumió, asegurando que, “aunque no estaba en nuestro programa”, el PSOE defiende la amnistía como “paso para seguir avanzando”.

Seguidamente, defendió la supuesta constitucionalidad de la amnistía subrayando que la Carta Magna no la incluye pero tampoco la excluye, y matizó que amnistía “no es pedir perdón ni perdonar”, ni tampoco es “la memoria sin más”, sino “sacar conclusiones para resolver problemas” y aplicar el “sentido crítico” sobre una época determinada. Por último, sobre la supuesta ruptura de la igualdad ante la ley, instó al PP a no mencionar el nombre de la igualdad en vano y subrayó que la desigualdad que rompe las sociedades es la social. “Ustedes juegan a meter miedo, nosotros queremos sembrar esperanza”, concluyó.

LA TARDE "MÁS TRISTE" DESDE EL 23-F

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tomó la palabra en el turno en contra del Partido Popular y afirmó que esta fue la tarde “más triste y decadente” que se celebra en el Congreso de los Diputados desde el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. López le replicaría después que más triste fue la moción de censura que derrocó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, por deberse a la corrupción de su partido.

En este contexto, Feijóo enumeró siete razones “en defensa de la mayoría razonable” para renegar de la amnistía, frente a los siete votos de Junts que hicieron posible la investidura de Sánchez. Dijo que esta ley es “un fraude” electoral, es “injustificable”, incurre en “corrupción política”, “va en contra de la convivencia” y “de la separación de poderes”, supone “una regresión democrática” y se traduce en “una humillación” al pueblo español.

Por último, advirtió al PSOE de que, si no hace pública “toda la información sobre sus negociaciones” con Junts “de forma voluntaria”, su partido impulsará una comisión de investigación para esclarecer qué se negocia en esa mesa de negociación, así como quiénes son los mediadores y cuáles son sus percepciones. “No la cerraremos hasta saberlo todo. Y comparecerán todos”, amenazó Feijóo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, avisó al Gobierno de que este “golpe” contra la Constitución que van a cometer cuando se apruebe la ley de amnistía no les va a salir “gratis” y señaló que su deseo para Sánchez, por el que piensa “luchar”, es que tenga “un juicio justo con jueces y fiscales independientes”. Dirigiéndose a Feijóo, dijo que se alegra de que los 33 diputados de Vox le “incomoden un poco” hasta el punto de que condenó sus palabras sobre Sánchez en el medio ‘Clarín’ porque eso demuestra que “somos necesarios para denunciar ese simulacro de oposición”.

En nombre de Sumar, su portavoz adjunta y diputada de Catalunya en Comú, Aina Vidal, recogiendo el guante de Feijóo, citó como jornada triste del parlamentarismo la sesión del Senado que aplicó el 155 sobre Cataluña, y reconoció que los independentistas “no hicieron las cosas bien”, pero dijo que eso no justifica la reacción “absolutamente desproporcionada” del Gobierno de Rajoy, con la colaboración “lamentable” del Rey, que llevó a que nunca como antes "tantos catalanes quisieran independizarse”.

Vidal constató que muchos han cambiado de opinión, algunos “por necesidad”, según aludió al PSOE, y alabó “la escucha activa, la empatía, el diálogo y el deseo de pasar página” como los elementos que deben guiar la forma de hacer política y sustentan la amnistía, cuya constitucionalidad defendió, garantizando que “no vende ningún país”. A su entender, vender el país es “vender a su gente” con privatizaciones y con casos de corrupción.

Por ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, se jactó de que Feijóo diga que con esta ley se comete “corrupción” cuando repasó una veintena de casos de corrupción en los que están implicados miembros del PP. Sobre la amnistía, aseguró que es una solución “política y salda una deuda pendiente para con Cataluña”. Esta comunidad, continuó, está preparada para “ganar o perder un referéndum”, la pregunta es “¿y ustedes?”. “Hace cuatro años un pleno como este era imposible. Ay, amigo, qué pasará de aquí a cuatro años”, concluyó.

Por Junts per Catalunya , Josep Maria Cervera dijo que esta ley no es una medida de gracia sino una ley necesaria para garantizar la convivencia y para “abandonar las condiciones de la represión” contra unos delitos que, a su entender, todos saben que “no lo son”. Remontó la actitud centralista española a Felipe V y afirmó que ésta se mantiene en unos y otros partidos hasta ahora y que ahora, tres siglos después, la amnistía puede poner la base para la resolución del conflicto.

Además, Cervera avanzó que algunos de los que la critican serán “los principales beneficiarios” en el futuro, y que la norma es “un favor para el Estado español”. Y, reivindicando la negociación realizada por su partido frente a la hecha por ERC en la pasada legislatura, se congratuló de que “cuando Junts entra en la ecuación, pasan cosas que antes eran imposibles”.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que empezó denunciando que en el debate parlamentario “todo lo que se ha dicho, ya se había dicho antes” y “no hay ni una idea” ni nada “nuevo”, defendió que la ley es un “paso importante”, aunque “no soluciona el conflicto político sino que desembarra y facilita que mediante el diálogo, negociación y acuerdo se puede llegar a resolver el encaje o desencaje de Cataluña en el Estado”. Así, pidió “valentía y audacia” porque habrá “obstáculos y ataques”.

Por parte del PNV, Mikel Legarda lamentó que se llevan meses de “retórica inflamada” en torno a esta medida de gracia, una “retórica que sustituye” los “argumentos por las exageraciones”. Además, añadió que a través de esta iniciativa “en el fondo volvemos a estar debatiendo sobre cuál es la mejor forma de abordar las crisis constitucionales en torno a distintos sentimientos de pertenencia nacional en el Estado”.

Ya dentro del Grupo Mixto, Martina Valverde, de Podemos, pronunció el primer discurso de un diputado de este partido ante el Pleno del Congreso en esta legislatura. Explicó al PP que las Cortes son la expresión de la voluntad democrática y pueden adoptar cualquier decisión que no se prohíba en la Constitución. “No digan que la soberanía popular está limitada por sus prejuicios”, espetó a los populares, y se alegró de que la posición de siempre de Podemos favorable a la amnistía sea considerada ahora “de sentido común”.

A su vez, el diputado del BNG, Néstor Rego, en gallego, aseguró que la amnistía supone un paso democrático en la desjudicialización porque los conflictos políticos deben solucionarse por vías políticas. También tachó de “error” la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y lo atribuyó a que el PP es especialista en oponerse a cualquier avance en democracia.

También por el Grupo Mixto, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido insistió en que a su partido no le gusta esta ley “por los motivos, las formas y por la urgencia”, porque “no responde al interés general” y a las “urgencias de la ciudadanía en todos los territorios” y porque no cuenta con “un consenso social razonable”, sino que ha servido para “crispar más”.

Finalmente, desde UPN, el diputado Alberto Catalá sostuvo que esta ley es “una humillación a España”, al sistema judicial y, también, a los funcionarios que mantuvieron su obligación de “cumplir y hacer cumplir” la ley en los años del desafío soberanista. Además, ahondó en que “esta ley es el pago al chantaje del secesionismo” y de la “compra” de los votos necesarios para la investidura de Sanchez por lo que, añadió, es un “desprecio” y una “aberración legal y social”.