Con 186 votos a favor, 47 en contra entre los que se cuenta Vox y 95 abstenciones, del PP, el proyecto de ley sigue su tramitación hacia el Senado. El proyecto de ley fue aprobado en noviembre del año pasado por el Consejo de Ministros para remitir a las Cortes y desde entonces se ha sometido a la tramitación parlamentaria.

El nuevo organismo integrará los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV- y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), que dejarán de realizar estas funciones y tendrá la finalidad de resolver quejas contra incumplimientos de las normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros o contra el abuso de cláusulas contractuales.

Los ciudadanos podrán presentar reclamaciones ante la nueva autoridad de forma gratuita y ésta deberá resolver en un plazo máximo de tres meses. Sus decisiones tendrán carácter vinculante cuando se diriman importes de menos de 20.000 euros sobre normativa de conducta y en materia de cláusulas abusivas. En el resto de los supuestos (incumplimientos sobre normativa de conducta y en materia de cláusulas abusivas por importe igual o superior a 20.000 euros y sobre buenas prácticas y usos financieros) las resoluciones no serán vinculantes.

El punto que ha generado más polémica es la tasa de 250 euros que deberán pagar entidades financieras y aseguradoras por reclamación recibida. Inicialmente, se definió que se pagara esta tasa independientemente del resultado final de la reclamación y en el parlamento se ha variado el diseño y se ha acordado que el 60% de los gastos de la Autoridad a financiar con la tasa se calculen teniendo en cuenta el número de resoluciones favorables al reclamante, y el 40% lo sea en función del número de reclamaciones que reciba cada entidad, penalizando más a las entidades con peores resultados. También se mejora el acceso a las cuentas de pago básicas, a las que podrán acceder los inmigrantes.

DEBATE PARLAMENTARIO

Durante el debate parlamentario, los grupos destacaron que el texto inicial sale mejorado fruto de la negociación y la disposición del Ministerio de Asuntos Económicos.

No obstante, desde el PP, Miguel Ángel Castellón criticó la creación de “un mamotreto administrativo que para echar a andar necesita como mínimo 300 funcionarios y vamos a acabar pagando todos los consumidores”. También criticó la urgencia en la tramitación y afirmó que el Gobierno “se ha acostumbrado a hacer leyes como churros y luego salen leyes que son churros”.

Castellón se quejó de que se aproveche esta iniciativa para introducir enmiendas dirigidas a modificar otras leyes y que, por tanto, “nada tienen que ver” con la Autoridad, y que incluso se vaya a modificar la ley de Presupuestos para agilizar fondos europeos para el Perte de los microchips.

“El texto que hoy se aprueba es mejor, pero adolece de vicios que el Gobierno está repitiendo proyecto de ley tras proyecto de ley, al menos sabemos que este no va a rebajar las condenadas de los asesinos”, dejó caer, y mostró dudas sobre si el nuevo organismo será efectivo.

Por parte de Vox, Rubén Manso rechazó la nueva Autoridad por considerarla innecesaria y porque no reducirá la conflictividad, dado que “necesita para crecer que la conflictividad jurídica suba”. En esta línea, agregó que la Autoridad “lleva el germen del crecimiento constante y continuo sin solucionar el problema para el que se ha creado” y propuso que la conflicitividad se solucione con “una buena regulación contractual” o con otro modelo como el ‘twin peaks’.

Desde las filas de Podemos, Txema Guijarro aplaudió el “encuentro de actitudes” entre los grupos para alumbrar un texto mejorado, así como del Ministerio, a diferencia del “celo” de otras instituciones. Valoró que la tasa para financiar la Autoridad “castiga aquellos comportamientos y desanima a aquellas entidades” que reciban más resoluciones desfavorables, y que se haya facilitado el acceso de vulnerables a las cuentas de pago básicas. Por el contrario, lamentó no haber logrado “mayores compromisos” en la prestación de servicios financieros de manera presencial.

Por parte del PSOE, Pedro Casares resaltó que la creación del nuevo organismo es “un paso más para hacer un país mejor para quienes más necesitan de la buena política” y destacó que se han introducido 48 enmiendas y se han transaccionado 89 sobre un total de 250 propuestas de mejora iniciales.

Criticó que Vox no esté a favor y que el PP ha buscado “muchas excusas” para no dar voto favorable. “No hemos podido contar con ustedes en demasiadas ocasiones en esta legislatura”, lamentó Casares.